La decisión que dejó en libertad al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por vencimiento de términos en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, activó un nuevo frente disciplinario contra los fiscales encargados del proceso.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció la apertura de una investigación disciplinaria por las posibles irregularidades que llevaron a la libertad del exfuncionario.
Según explicó la entidad, la decisión se adopta tras conocer, por información divulgada en medios de comunicación, que la libertad de Bonilla se produjo debido a una presunta demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen a su cargo la investigación.
“Determinar si ello constituye o no falta disciplinaria, y dada la calidad y jerarquía de los fiscales, corresponde a esta Corporación adelantar directamente las averiguaciones correspondientes”, informó la Comisión.
Libertad por vencimiento de términos
El pasado martes, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Bonilla al considerar que la Fiscalía General de la Nación no presentó el escrito de acusación dentro del plazo legal establecido.
Durante la audiencia, la magistrada Isabel Fernández fue enfática al señalar que habían transcurrido 120 días desde la imputación de cargos sin que se cumpliera con este requisito procesal, pese a que la ley fija un término máximo de 60 días.
“Los 120 días empiezan a correr desde la audiencia de imputación de cargos. Esos 120 días se vencieron el 31 de marzo”, precisó la togada, dejando claro que el plazo había sido ampliamente superado.
En medio de la audiencia, el fiscal Gabriel Sandoval sostuvo que el escrito de acusación sí fue radicado, pero lo hizo el mismo día de la diligencia, el 7 de abril, a las 11:09 a. m., es decir, cuando ya se había configurado el vencimiento de términos.
Ante esta situación, la Fiscalía apeló la decisión, argumentando que el proceso debía continuar. A esa apelación se sumaron otros actores reconocidos como víctimas dentro del caso, entre ellos la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como delegados de la Contraloría General de la Nación y del Instituto Nacional de Vías.
El pronunciamiento de la Comisión de Disciplina Judicial deja claro que el foco ahora está en determinar si la actuación de los fiscales constituye una falta disciplinaria.
En su comunicación, la entidad señala que la investigación busca establecer si la demora en la radicación del escrito de acusación, que derivó en la libertad del exministro, fue producto de negligencia, error procesal o una conducta sancionable.
El expediente contra Bonilla hace parte del escándalo de presunta corrupción en la UNGRD, uno de los casos más sensibles para el Gobierno y que ya deja varias personas privadas de la libertad, otras en juicio y algunas prófugas.
Aunque el exministro recuperó su libertad por razones estrictamente procesales, su situación jurídica de fondo no ha sido resuelta. La apelación de la Fiscalía y de las demás entidades podría revertir la decisión o, al menos, mantener vivo el proceso penal en su contra.
En desarrollo.
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