La Corte Constitucional convocó una mesa técnica con el fin de evaluar si el Ministerio de Salud ha cumplido las órdenes impartidas en relación con el cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC). Esa prima define el monto que el Estado transfiere a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado para garantizar la prestación de servicios médicos de sus afiliados.
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A través de un comunicado oficial, el tribunal explicó la semana pasada que el objetivo de ese espacio será fortalecer el análisis especializado sobre la metodología empleada para fijar la unidad. Según la Corte, los insumos técnicos que surjan de esta discusión serán determinantes para adoptar una decisión de fondo dentro del trámite incidental de desacato que está en curso.
La determinación fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 (fallo mediante con el que el alto tribunal evidenció deficiencias estructurales en el sistema de salud). Con esa providencia se documentaron problemáticas como la negación injustificada de servicios, la existencia de planes de beneficios desiguales, vacíos normativos frente a prestaciones no incluidas, inconsistencias en los recobros y falta de información clara para los ciudadanos.
En el marco de esa sentencia, la Corte ordenó al Minsalud que, a más tardar en 2026, ajustara la UPC conforme a los criterios definidos por esa corporación. No obstante, en el auto que dio apertura al incidente de desacato, la corporación concluyó que persiste un incumplimiento general en el componente de suficiencia de la prima.
El pronunciamiento señala que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha acreditado técnicamente que los recursos asignados por la UPC sean suficientes para cubrir las obligaciones del sistema. En otras palabras, el Ejecutivo no habría demostrado, con estudios verificables, que el dinero entregado a las EPS alcance para cubrir la demanda de servicios.
Así mismo, la Corte enfatizó que la fijación de la UPC (que se hace anualmente) no puede sustentarse solo en la inflación o en recomendaciones internas de carácter administrativo. Por eso, reiteró que el ministerio debe realizar un estudio integral de costos que contemple variables reales del comportamiento del sistema, tal como se le ordenó en decisiones anteriores.
La mesa técnica, programada para el 13 de abril de 2026, tendrá un carácter especializado. En ese escenario, la cartera de salud deberá responder a unos interrogantes delimitados en un auto metodológico. El propósito será esclarecer los aspectos centrales del cálculo aplicado y determinar si se ajusta a los parámetros establecidos.
Además del Minsalud, participarán organismos de control, autoridades del sector, representantes gremiales y entidades académicas convocadas por la Corte Constitucional. La presencia de estos actores busca aportar distintas miradas técnicas y fortalecer la transparencia del debate en torno a la financiación del sector.
El ajuste de la UPC es un proceso que debe anunciarse antes del 31 de diciembre de cada año y para establecer el porcentaje correspondiente, el ministerio elabora un estudio de suficiencia basado en información histórica, que incluye datos sobre frecuencia de uso de servicios, tipos de atenciones requeridas y costos reportados por las aseguradoras.
Con esos insumos, la entidad proyecta variables futuras como inflación, demanda y comportamiento de los precios en el sector salud. De hecho, históricamente de la precisión de esas estimaciones depende la estabilidad financiera del sistema. Cuando la UPC resulta insuficiente, se generan presiones que obligan a priorizar ciertas atenciones y prolongan los tiempos de espera en otras, lo que puede traducirse en nuevas barreras de acceso para los usuarios y en un deterioro progresivo de la garantía efectiva del derecho a la salud.
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