Una acción popular fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con el objetivo de demandar la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud. Los demandantes argumentan que su nombramiento podría vulnerar derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público y la adecuada prestación de servicios.
La demanda fue presentada por tres personas, quienes señalan que la controversia se origina en el decreto con el que la Presidencia de la República oficializó la llegada del exalcalde de Medellín al cargo. Según los accionantes, el funcionario no cumpliría con los requisitos necesarios para ocupar la dirección de esa entidad.
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En particular, cuestionan la falta de experiencia profesional en áreas relacionadas con el sistema de salud, condición que consideran fundamental para asumir la responsabilidad frente a la Supersalud.
El documento expone que la trayectoria de Quintero ha estado enfocada en sectores como la tecnología, la innovación, la actividad política y la administración pública. En ese sentido, a juicio de los demandantes, ese recorrido no guarda relación directa con las funciones técnicas que exige ser uno de los entes vigilantes de los actores del sistema.
Así mismo, se advierte que el cargo requiere conocimientos especializados en regulación sanitaria, control de las entidades promotoras de salud (EPS) y manejo de procesos de intervención a estas. Los demandantes sostienen que estos elementos no se evidencian en su perfil profesional.
Otro de los puntos centrales de la acción popular tiene que ver con la situación jurídica del designado. De acuerdo con la demanda, Quintero enfrenta un proceso penal por presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato, en el marco del caso conocido como Aguas Vivas, que actualmente se encuentra en etapa de juicio.
A esto se suma una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría, la cual incluye una inhabilidad para ejercer funciones públicas. Aunque esta decisión fue ratificada en segunda instancia, se encuentra en revisión ante el Consejo de Estado, lo que mantiene vigente la discusión sobre sus efectos.
El recurso también menciona declaraciones públicas realizadas por el exalcalde de Medellín antes de su nombramiento, en las que habría anticipado posturas frente a las EPS —como el caso de Sura—, lo que se conoce como “prejuzgar”. Para los accionantes, estas manifestaciones podrían interpretarse como tal, lo que pondría en entredicho la imparcialidad requerida en su rol.
En ese contexto, los accionantes consideran que su eventual ejercicio como superintendente podría afectar la objetividad en la toma de decisiones, especialmente en un momento en el que el sistema enfrenta desafíos significativos. Entre ellos, destacan la intervención de varias aseguradoras y las dificultades financieras que afectan a millones de afiliados.
La acción popular solicita también la suspensión del nombramiento y la adopción de medidas cautelares para prevenir posibles afectaciones a los derechos colectivos. El Tribunal Administrativo de Antioquia determinará si admite la demanda y si procede a decretar medidas provisionales mientras se resuelve el fondo del caso.
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