El Departamento de Prosperidad Social –dependencia de la Presidencia de la República– respondió este jueves a la denuncia en redes sociales que hizo la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) sobre la contratación de la empresa Supergiros para hacer las transferencias monetarias del programa “Colombia Mayor”.
La entidad aseguró que esa compañía “no es un actor nuevo en el pago de transferencias monetarias” y que “ha sido parte de los operadores de los programas de la entidad en gobiernos anteriores”, en referencia al gobierno de Iván Duque.
Así mismo, dijo que para celebrar ese contrato “usó el Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Postales de Pago, que dispone Colombia Compra Eficiente. Es un proceso legal y legítimo”.
“Esta adjudicación se hizo mediante una orden de compra, que tomó la mejor oferta, después de un proceso de evaluación de las tres propuestas presentadas por distintos proveedores que participan en este instrumento. La entidad tuvo en cuenta los criterios de selección que el mismo instrumento ofrece. Supergiros presentó la mejor oferta en seguridad, eficiencia, calidad, cobertura y costo”, añadió en el comunicado de prensa.
En ese sentido, expresó que “el contrato se adjudicó el 7 de marzo y el primer pago inició el 17 del mismo mes. La entidad cumplió con el cronograma y los tiempos establecidos”.
Por otro lado, explicó que para la entrega de transferencias del programa Tránsito a Renta Ciudadana, el Departamento de Prosperidad Social adelantó un proceso de evaluación de oferentes para celebrar el contrato interadministrativo con el Banco Agrario.
“La oferta del Banco Agrario era la más beneficiosa para el logro de los objetivos del programa, pues era la de mayor alcance en cobertura de la población objetivo, con una tarifa un 28 % más baja en relación al promedio histórico y con servicios adicionales para los participantes del programa”, se lee.
Además, explicó que la tarifa de $2.576 por cada giro de Davivienda es una de 2020 y sólo aplica a la cobertura de una parte del país y por eso “uno de los criterios utilizados para la contratación de Banco Agrario fue precisamente la comparación de precios históricos sobre el 100 % de la operación y los actuales valores del Instrumento de Agregación de Demanda”.
Por último, la entidad respondió que “está dispuesta siempre a atender los requerimientos de las autoridades, los organismos de control, las otras entidades y la ciudadanía en general”.
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