La tormenta no para en el sector salud de Colombia. A la crisis financiera y humanitaria del sistema y al rechazo del ministerio del ramo a ajustar la unidad de pago por capitación (UPC) ahora se le suma un escándalo institucional sobre la Nueva EPS y que involucra a la Superintendencia de Salud, así como a la superintendente adhoc para esa aseguradora, Luz María Múnera.
Según una denuncia de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría, y que fue divulgada por Caracol Radio, el Gobierno Nacional se habría saltado todos los protocolos estipulados en la ley y en el reglamento interno para iniciar la intervención a esa entidad.
Le puede interesar: Intervención del Gobierno a Nueva EPS habría sido ilegal, según superintendentes y soportes.
Cuatro hechos involucran a Múnera con posibles irregularidades cometidas en la prórroga de la intervención forzosa para administrar contra la Nueva EPS por un año más. El primero, según un documento de la Procuraduría fechado el pasado 14 de abril, la funcionaria habría tomado la decisión de intervenirla sin cumplir ninguno de los pasos requeridos.
Esto último significa que la decisión no habría contado ni realizado ni presentado el informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud; no solicitó el concepto técnico de adopción y seguimiento; no incluyó información complementaria a los dos documentos mencionados en los puntos anteriores; finalmente, Múnera habría presentado un informe con inconsistencias relacionadas con el debido proceso y habría afirmado que la Nueva EPS no cumplió con recomendaciones que, según la denuncia de la Superslaud, ni siquiera le habría dado previamente a la entidad.
Por otro lado, la superintendente adhoc habría expedido la resolución con la prórroga en la que consignó una versión de los hechos que no corresponde con lo que realmente ocurrió en la reunión del Comité de Medidas Especiales.
Según lo consignado en la parte motiva de la resolución, en ese espacio supuestamente recomendaron iniciar la toma de posesión de bienes y negocios de Nueva EPS. No obstante, la denuncia de la Delegada ante la Procuraduría advierte que ocurrió lo contrario: aconsejaron por unanimidad no adoptar una nueva intervención. Y hasta la delegada habría advertido en ese Comité que el proyecto de resolución para ese fin vulneraba el debido proceso.
Los hechos denunciados llegan a tocar al recién nombrado agente interventor de esa aseguradora, el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina. Luz María Múnera, según la denuncia, recibió una evaluación técnica que señalaba que el político no acredita la experiencia mínima en el nivel directivo o de asesoría en entidades del sector. Incluso, estaba advertida de que él habría obtenido una calificación de riesgo alto en las listas vinculantes y restrictivas.
Aún así, Ospina llegó al cargo en la Nueva EPS, que lleva intervenida desde el 4 de abril de 2024 y es la que mayor número de afiliados tiene en el país (11,5 millones).
Finalmente, la superintendente ad hoc Múnera es señalada de haber proyectado, revisado y aprobado sola la resolución que ordenó la nueva intervención. Así habría sido porque los siete funcionarios de alto nivel de la Superintendencia que estuvieron al tanto del estudio de la decisión no acompañaron la determinación por considerarla ilegal. De hecho, fueron ellos los que rubricaron la denuncia que llegó a la Procuraduría.
EL COLOMBIANO intentó comunicarse con Luz María Múnera para que hablara y diera su versión sobre estos hechos, pero hasta el momento no ha contestado las llamadas y mensajes enviados.
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
Regístrate al newsletter