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La formulación y pago irregular de recobros, así como los sobrecostos en los medicamentos, son las modalidades que más detrimento causan en el presupuesto del sistema de salud en el país. Así lo afirmó este jueves la Contraloría General de la República.
Al presentar un informe para la revista Economía Colombiana, la jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de ese organismo de control, Claudia Serrano Evers, detalló que también la intermediación indebida de los recursos de la Unidad de Pago por Captación (UPC), tercerizando funciones que están exclusivamente a cargo de las EPS, menoscaba el erario.
Agregó que la entidad adelanta actuaciones “para verificar si, a pesar de los reiterados pronunciamientos que ha hecho sobre la indebida destinación y aprovechamiento de los recursos, algunas EPS en la actualidad han incurrido en prácticas como la erogación de gastos de administración dentro de la franja de la UPC, por servicios no prestados; el pago de anticipos por servicios no prestados; la omisión de gestión de cartera dentro de los procesos liquidatorios; el pago de créditos que no tienen relación con la prestación del servicio a los usuarios; la adquisición de equipos y muebles no destinados a esa prestación; o el pago de transporte de personal administrativo”.
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La Contraloría, además, lanzó perspectivas sobre lo que viene para el sistema de salud colombiano tan pronto termine la pandemia. En ese sentido, el contralor Carlos Felipe Córdoba señaló que “el país enfrentará sustanciales e impactantes cambios en su derrotero social y económico y uno que definitivamente resulta ineludible es la reestructuración del sector salud, no solo para aumentar sus presupuestos, sino para agilizar la distribución de esos recursos”.
Y agregó que esto es necesario para “garantizar que los dineros de la salud se orienten hacia la modernización tecnológica de la política sanitaria y el apoyo suficiente a la investigación científica y la ciencia médica”.
También señaló el jefe del organismo de control que al menos 60 % de los hospitales públicos del país tienen graves problemas financieros, pese a que anualmente se incorporan recursos de la Nación para su sostenimiento.
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“Los dineros destinados no fluyen con la diligencia requerida por ineficiencias en la contratación, por el exceso de trámites burocráticos, enredados procedimientos administrativos y, lo que es peor, por la corrupción en algunos eslabones de la cadena”, aseguró.
Córdoba puntualizó también en que ni siquiera durante la pandemia, las “manos sucias de la corrupción” dieron tregua.
“Es increíble que una parte de las ayudas decretadas por el gobierno para aliviar el drama de quienes han tenido que confinarse en sus casas, sin empleo y sin dinero para auxiliar a sus familias, fueran objeto del asalto de intermediarios canallas que, aprovechando la urgencia de la asistencia social, no dudaron en realizar sus tramposos negocios con la comida y los subsidios de los más necesitados”, lamentó.
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Pero aclaró que “por fortuna, fueron puestos al descubierto muy temprano y recibirán rápidamente enérgicas sanciones por parte de la Fiscalía General, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República”.