Ya hay hora para continuar la audiencia de preclusión contra Uribe

El caso lo lleva la jueza Carmen Ortiz, del Juzgado 28 de Conocimiento de Bogotá.

El expresidente Álvaro Uribe espera intervenir en la audiencia de preclusión en su contra una vez terminen de hablar los abogados de las víctimas. FOTO Colprensa

Carlos López

12 de enero de 2022

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El caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos es uno de los procesos judiciales más importantes con los que abre el 2022.

Este jueves se retoma la audiencia de preclusión en su contra que lleva una jueza desde el pasado 26 de julio, y que por las intervenciones de todas las víctimas se ha extendido varios meses. A las 8 de la mañana se espera que inicie la declaración del abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de una de las cinco víctimas acreditadas.

Del Río representa a Deyanira Gómez, quien fue pareja de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que ha servido de testigo dentro del proceso que a día de hoy tiene en calidad de imputado a Uribe Vélez.

Una vez la jueza termine de escuchar la intervención –para la cual se estipulan varias horas– el turno lo tendrá Laura Valentina Muñoz Osorio, quien el año pasado solicitó ser reconocida como víctima. Después serán escuchados el Ministerio Público y Uribe, quien pidió el uso de la palabra.

“Le rogaría que me permitieran, una vez terminen los doctores, unas cuatro horas para una intervención que haré como persona que estoy siendo procesada”, señaló el exmandatario.

¿En qué va el caso?

La primera intervención la tuvo el fiscal Gabriel Jaimes, quien tras exponer sus ideas en ocho sesiones consideró que el proceso debe precluir, entre otras cosas porque hubo pruebas manipuladas dentro de la investigación.

Sin embargo, las víctimas creen lo contrario. El primero en argumentarlo fue Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, después hablaron el exvicefiscal Jorge Perdomo y el exfiscal Eduardo Montealegre, también acreditadas como víctimas.

Villalba centró sus intervenciones en decir que Uribe obró con dolo, y que además tuvo la intención de incurrir en las conductas punibles que le fueron imputadas. Asimismo, que el abogado Diego Cadena –también procesado por este caso– actuó presuntamente bajo las órdenes del líder del Centro Democrático para contactar a presos que hablaran en contra de Cepeda.

Todas estas declaraciones se sumarán al expediente que terminará evaluando la jueza, quien debe decidir si precluye o no el caso que por ahora, de acuerdo a una decisión de la Corte Constitucional, mantiene a Uribe bajo la condición de imputado.

En ese fallo, la Sala Plena del alto tribunal no acogió la tutela de los abogados del expresidente, la cual prentendía que se cayera la imputación. La incógnita que resolvió la Sala Plena fue si la indagatoria que la Corte Suprema le abrió al expresidente en 2018 se podía equiparar a la imputación bajo la Ley 906 de 2004.

Por cinco votos a favor y cuatro en contra, el tribunal constitucional manifestó que si bien hay diferencias jurídicas, sí existe una equivalencia funcional entre indagatoria e imputación, así se lo explicó el magistrado Alejandro Linares a este diario.