El concejal bogotano Marco Fidel Ramírez radicó ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la segunda demanda contra el decreto que fijó el aumento del salario mínimo en un 7% en Colombia.
Así pues, el llamado ‘concejal de la familia’, argumentó este viernes que el Gobierno Nacional desconoció los principios constitucionales de movilidad del sueldo y el poder adquisitivo de los trabajadores, donde el salario mínimo debió ser aumentado, al menos, un 7.26 %.
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Según el cabildante toda persona tiene derecho a un salario justo, y el aumento determinado por el Gobierno según él va en detrimento de la economía de los hogares colombianos, en especial de los trabajadores de bajos ingresos.
Primera demanda vs. aumento del salario mínimo
La Confederación General del Trabajo (CGT) fue la primera organización en radicar ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad en contra del decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015 que aumentó el salario mínimo en 7 %.
El motivo de la demanda reside en que el aumento del salario mínimo estuvo por debajo de la inflación registrada para el segmento de trabajadores que devenga dicho salario, que fue del 7.26%.
“El incremento tendría que haber sido, más o menos, del 9.9 %. En consecuencia, consideramos que el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre este particular para corregir una injusticia, una inequidad”, apuntó el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez.
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De acuerdo con la demanda, el decreto vulnera los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política teniendo en cuenta que ya la Corte Constitucional ha resaltado el concepto de remuneración vital y móvil no es solo formal sino real y representar un beneficio para el trabajador.
“El aumento del salario mínimo está limitado a no ser inferior al IPC del año que expira, pero eso no limita la capacidad interpretativa que debe existir por parte del Gobierno Nacional de cara a la condición más beneficiosa para los trabajadores”, dice la demanda.
De acuerdo con Gómez, el Consejo de Estado debe responder pronto y no en dos o tres años. “Debe responder con la misma rapidez con que resolvieron el tema de Isagen, en donde se legitimó un acto que es abiertamente ilegal”.
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Gómez indicó que en una ocasión anterior hace varios años se demandó el aumento del salario mínimo sin que haya respuesta. En esta ocasión, si el Consejo de Estado falla a favor de la CGT se tendría que expedir un decreto nuevo, con un reajuste al porcentaje que diga la sentencia si así lo decide; o bien se podría convocar de nuevo a una mesa de concertación.
