A tres meses de que se destapara el denominado ‘cartel de los pañales’, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), pone en evidencia una nueva cartelización, esta vez, del papel higiénico.
Ayer, el órgano de control formuló pliego de cargos a Familia, Colombiana Kimberly, Drypers, Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda, presuntamente porque venían fijando el precio del producto de aseo desde hace 15 años en el país. No obstante, tres de las cinco empresas implicadas ya se acogieron al Programa de Beneficios por Colaboración (delación) que según la SIC, confesaron su participación en el presunto cartel empresarial y entregaron e-mails, documentos y declaraciones que revelarían la existencia y funcionamiento de un acuerdo de precios.
Las empresas que resulten culpables podrían recibir sanciones económicas de hasta 61.000 millones de pesos.
Adicionalmente, la Superindustria formuló pliego de cargos contra 42 personas naturales en su condición de altos directivos (funcionarios o ex funcionarios) de las empresas, por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado los actos relacionados con esta presunta cartelización.
Tamaño de mercado
Se estima que el cartel representa 88 por ciento del mercado de los papeles suaves o tisú en el país, que integran: papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, pañuelos y otros.
En 13 años , la industria habría movido cerca de 12 billones de pesos. Dichos productos tienen un mercado superior a 1 billón de pesos al año, según la encuesta anual manufacturera del Dane.
La primera empresa que tomó la decisión de entregar información privilegiada a la SIC tendrá como beneficio, la exoneración total (100 por ciento) de la eventual sanción que habría de imponérsele en caso de que se declare la existencia del cartel empresarial; el segundo delator recibiría 50 por ciento de reducción; y el tercero 30 por ciento.
Para Luis Ángel Madrid, abogado experto en propiedad intelectual, este tipo de beneficios, habrían motivado a los participantes a llegar a acuerdos con la Superindustria. “La Ley 1340 de 2009 ofrece más beneficios a los colaboradores que brinden información eficaz a la autoridad y creo que eso, fue lo que los llevó a entregar información”
Asimismo, Juan Carlos Martínez, docente de propiedad intelectual de la Universidad de la Sabana, manifestó a La República que las compañías incurren en este tipo de prácticas que violan la ley, porque ahí encuentran mayor eficacia en el mercado.
“Garantizan la exclusión de otros competidores y establecen reglas artificiales con las que van a afectar ilegítimamente el mercado. Con dicha cartelización, los empresarios no hacen mayores esfuerzos para satisfacer sus ventas y contrario a ello, el consumidor sufre por pagar precios altos con productos, que no necesariamente, tienen la mejor calidad”.
Los carteles empresariales constituyen, según la doctrina internacional, la conducta anticompetitiva más reprochable de libre competencia, por cuanto aumentan injustificadamente los precios que los consumidores pagan por la adquisición de los productos o servicios, afectando a la población más vulnerable y de menores ingresos.
