Este lunes, la Procuraduría General de la Nación levantó la suspensión provisional que pesaba sobre el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, quien viene siendo investigado por presuntas irregularidades en un contrato adjudicado a la Fundación Chocó Saludable, por cerca de 2.000 millones de pesos, para atender la crisis de la pandemia de covid-19.
La decisión de levantar la suspensión se toma puesto que el gobernador encargado, Jefferson Mena, entró en aislamiento preventivo luego de practicarse un test de coronavirus y “ante un eventual resultado positivo, ello implicaría la necesidad de designar un nuevo gobernador encargado”.
Pero, destacó el organismo de control, la situación del departamento es crítica: “Con 1.268 casos de covid-19 y 1351 en espera de resultados, la ocupación del 100% de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos de la E.S.E. Departamental Hospital San Francisco de Asís”, por lo que prefirió levantar la medida contra de Palacios.
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Para el Ministerio Público, buscar un nuevo gobernador encargado sería inconveniente, puesto que “es imprescindible y urgente la continuidad de la función administrativa en la entidad territorial”.
“Resulta imperioso optar por la garantía de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la población habitante en el departamento, y en consecuencia, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad resulta menester levantar la medida de suspensión provisional de Ariel Palacios Calderón en su calidad de gobernador del Chocó”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
Sin embargo, al frente del seguimiento a los recursos destinados al contrato con la Fundación Chocó Saludable estarán la Regional Chocó del organismo de control y las delegadas para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, “para velar por el ejercicio diligente y eficiente de la función administrativa respecto a la facultad de contratación, la destinación e inversión de los recursos públicos”.
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