El despacho obligó a los militares a pagar una multa de 7000 salarios mínimos legales vigentes, al ser hallados culpables de los delitos de homicidio agravado en persona protegida, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Según la Fiscalía, el 25 de agosto de 2007, el capitán César González Roa del batallón José Hilario López reportó la muerte de tres presuntos guerrilleros durante la operación Soberanía, desarrollada en la vereda Clarete Alto, vía Totoró-Popayán, en la que participaron tropas del Pelotón Especial Batalla I, en el marco de la Estratégica Antílope II.
De acuerdo a la investigación, en el sitio los militares cargaron en un camión tres cuerpos que vestían prendas de uso militar y elementos materiales de guerra, como armas, explosivos, cordón detonante, minas antipersonales, tatucos con dinamita y granadas.
Tras investigar la muerte de las tres personas, la Fiscalía estableció que los cadáveres correspondían a Edgar Obando Mestizo, Carlos Alberto Satizabal Porras y Luis Carlos López Hurtado, quienes según el ente investigador eran habitantes de la calle y recogedores de cartón para reciclaje en el barrio San Fernando, en el sur de Cali.
“Los tres hombres fueron llevados con engaños hasta el lugar de los hechos, acomodándoles diversas armas que fueron llevadas por los imputados desde Popayán hasta el lugar de los sucesos, sin tener salvoconducto alguno, tales como una granada, tatucos de dinamita, cuatro estopines eléctricos, cordón detonante, 100 metros de cable dúplex, un equipo artesanal de lona verde”, señaló el fiscal del caso.
