En un comunicado de prensa emitido este viernes, la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip realizó un análisis sobre los hechos ocurridos luego de que la periodista Vicky Dávila publicara un video sobre el caso de “la comunidad del anillo” en la Policía y su posterior renuncia al noticiero radial que dirigía.
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La Flip aseguró que quiso esperar a que se decantaran los hechos para manifestar que “mas allá de la decisión periodística de publicar el video -que generó un debate legítimo y necesario en la opinión pública– no se puede pasar por alto el hecho de que esa noticia hacía parte de una investigación periodística de interés público que tanto La FM como otros medios de comunicación venían adelantando”.
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Recordó la Fundación que tanto Vicky Dávila como otros periodistas recibieron amenazas y fueron objeto de interceptaciones ilegales, “no puede pasarse por alto, entonces, el grado de intimidación y presión con el que Dávila y otros periodistas, venían ejerciendo su labor”.
Para la Flip es cuestionable y “paradójico” que el presidente Juan Manuel Santos asumiera “el rol de periodista para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno” y añadió que la situación que vivía la periodista era de riesgo y que la declaración del presidente tuvo un efecto intimidatorio para ella y los demás periodistas que trabajaban el tema.
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Sobre Santos extienden su crítica al afirmar que como primer funcionario público de la nación tiene una responsabilidad clara en sus declaraciones ya que ninguna de ellas puede inhibir la actividad periodística “ni mucho menos aumentar la exposición de periodistas que ya están enfrentando un riesgo”.
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Concluye la Fundación que para la libertad de prensa “la autocensura no puede ser el resultado de este episodio” a la vez que le pide al Gobierno ofrecer las condiciones no solo para que los medios continúen ejerciendo su labor sino también para garantizar la integridad de todos los periodistas involucrados con esta investigación y a las autoridades judiciales investigar las amenazas que ya los periodistas implicados han denunciado.
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