El ruido que acompañó la llegada de Vladimir Fernández a la Corte Constitucional empieza, poco a poco, a cobrar sentido. Las decisiones que ha adoptado desde su despacho como magistrado, y que en más de una ocasión han coincidido con los intereses del Gobierno, han despertado suspicacias. Para algunos analistas, se trata de señales que no pueden pasarse por alto, indicios de que Fernández podría no haber roto del todo sus vínculos con las causas del presidente Gustavo Petro, de cuyo equipo más cercano formó parte como secretario jurídico en la Casa de Nariño.
Aunque su elección generó tensiones desde el comienzo, precisamente por su cercanía con el Ejecutivo, el tiempo y los fallos empiezan a perfilar un patrón que alimenta las dudas sobre su independencia. No se trata solo de coincidencias, dicen sus críticos, sino de una línea de decisiones que, en apariencia, favorecen de manera reiterada las apuestas jurídicas y políticas del Gobierno.
En menos de dos años en el alto tribunal, Vladimir Fernández ha sido ponente o voto clave en al menos tres decisiones de alto impacto que han favorecido de forma directa la agenda del presidente. O cuando las mayorías de la Corte han fallado en contra, Fernández ha optado por salvar su voto.
La más reciente victoria para el Gobierno llegó esta semana, cuando la Corte Constitucional, con ponencia de Fernández, zanjó una controversia institucional de alto impacto. Determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no puede investigar al presidente por las supuestas irregularidades en su campaña de 2022.
Según el fallo, esa competencia recae exclusivamente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, lo que, en la práctica, aplaza o diluye cualquier posibilidad de una sanción efectiva. Aunque la decisión se ciñe a la lectura constitucional del fuero presidencial, el efecto político fue inmediato. Petro celebró públicamente el fallo como una victoria institucional.
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Pero esta no ha sido la única ocasión en que Vladimir Fernández ha inclinado la balanza en favor del Ejecutivo. Pese a los intentos por apartarlo del análisis de la reforma pensional, por su cercanía con el Gobierno, las recusaciones en su contra fueron rechazadas y el magistrado no solo participó en el debate, sino que votó a favor de la ponencia de su colega Jorge Enrique Ibáñez, la cual le tendió una mano al Gobierno al suspender la entrada en vigencia de la ley y devolverla a la Cámara de Representantes para repetir su último debate.
La decisión no solo evitó que el principal logro legislativo de Gustavo Petro se viniera abajo, sino que le dio oxígeno al Ejecutivo, que a pocos días de la implementación aún no tenía lista la reglamentación ni los ajustes necesarios para su puesta en marcha.
El fallo, no solo despejó el camino para la ley, sino que fue interpretada como un espaldarazo a la agenda social del presidente en un momento en que su Gobierno enfrentaba una creciente parálisis en el Congreso.
A eso se suma su postura en la reciente decisión que tumbó la intervención estatal a la EPS Sanitas, uno de los episodios más polémicos de la estrategia del Gobierno en el sector salud. Aunque no fue el ponente, la Corte concluyó, por mayoría, que la Superintendencia Nacional de Salud vulneró garantías procesales al tomar el control de la entidad sin agotar los trámites exigidos por la ley. La decisión representó un golpe directo al Ejecutivo, pues la intervención era uno de los pilares simbólicos del modelo de salud defendido por el presidente Petro.
Vladimir Fernández, sin embargo, no acompañó esa mayoría. Salvó su voto y se apartó del fallo, dejando claro su desacuerdo con una decisión que recortó uno de los frentes más visibles del Gobierno en su disputa por el control del sistema de salud.
Para algunos críticos, estas decisiones dejan ver que Fernández, exabogado de confianza del presidente durante la primera mitad del mandato, conoce de primera mano los engranajes del gobierno y, ahora desde la Corte, se muestra como un escudero técnico de sus principales apuestas.
