El concepto del procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, en el que pide a la Corte Constitucional que declare inexequible la Emergencia Social, prendió el debate sobre el futuro de la financiación del sector salud.
De caerse el conjunto de medidas, quedarían sin piso jurídico más de 200 artículos con los que el Gobierno esperaba recaudar más de 1,5 billones de pesos para sostener los tratamientos que están por fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS) y reformar el sistema de salud.
Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) agremiadas en Acemi, realizaron un llamado de atención al actual Gobierno y a los candidatos presidenciales para estructurar un plan B que garantice la sostenibilidad del sector, si la Corte Constitucional declara inexequible la Emergencia Social.
"Si esto pasa, habrá menos recursos para cubrir los tratamientos y medicamentos que están por fuera del POS, agravando la situación del Fosyga, el cual podría quedarse sin recursos en los próximos meses, poniendo en riesgo la viabilidad del sistema", afirmó Juan Manuel Diaz-Granados, presidente de Acemi.
Sin embargo, el senador Luis Carlos Avellaneda, asegura que los cambios que estableció el Ejecutivo se pueden realizar en el Congreso por medio de una reforma estructural y señaló que para mantener la viabilidad del sistema no se requieren nuevos recursos, sino optimizar la ejecución de los mismos.
"Si las EPS no cobraran el 30 sino el 3,0 por ciento la tasa de intermediación, no sería necesario incrementarle los impuestos a la gente del común y los 22 billones de pesos que se gasta el Gobierno en salud, alcanzaría hasta para unificar el POS", agregó Avellaneda.
El Gobierno la defiende
En el Gobierno, la idea es mantener a flote la emergencia. El Presidente de la República, Álvaro Uribe, le pidió a la Corte que mantenga en firme la Emergencia para evitar su trámite por el Congreso. "¿Qué tal que nos quedemos ahora sin esos recursos, a tener que esperar a que el Congreso apruebe esto por legislación? Se le haría un daño muy grande a la salud. Nosotros tenemos un déficit, la situación fiscal de la Nación no es fácil, y tenemos que atender esto de la salud. Por eso decretamos esta Emergencia", dijo el jefe de Estado.
Algunos parlamentarios sostienen que los decretos, con los que se crearía el fondo para eventos no POS, que tenía previstos 800 mil millones de pesos, otro con un billón para aumentar la cobertura de los accidentes de tránsito y uno más para el control de la corrupción, se podrían sostener mientras que se tramita la reforma en el legislativo con los recursos que el Ejecutivo tiene en TES.
"Hay que tener en cuenta que con esta reforma sólo se iban a adicionar 1,5 billones de pesos al sistema, que en su totalidad tiene un déficit entre siete y diez billones de pesos, con lo que no se soluciona la crisis. Si el problema fuera eso, con una parte de los 4,5 billones que el Gobierno tiene en TES", aseguró la senadora Cecilia López.
El presidente de la Federación de Juegos de Suerte y Azar, Baltazar Medina, afirmó que de caerse la Emergencia Social, los recursos que desde febrero se vienen recogiendo para la salud, ya están garantizados para ese sector puesto que el eventual fallo negativo de la Corte no es retroactivo.
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