Amnistía Internacional (AI) hizo este miércoles un llamamiento al Gobierno de Colombia y a los grupos guerrilleros para que pongan fin a un conflicto que en los últimos 20 años ha causado 70.000 muertos, la mayoría civiles, y el desplazamiento de entre tres y cuatro millones de personas.
La organización no gubernamental presentó este miércoles en Santiago el informe ¡Déjennos en paz!: La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia, en el que denuncia violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por grupos guerrilleros, como por paramilitares y fuerzas de seguridad.
El estudio, realizado a partir de investigaciones en terreno llevadas a cabo entre 2006 y 2008, indica que el número de homicidios de civiles y la toma de rehenes, con 20.000 personas secuestradas desde 1998, ha descendido en los últimos años.
No obstante, precisa que las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, los desplazamientos, las desapariciones forzadas, los homicidios de sindicalistas y los reclutamientos forzados por parte de guerrilleros y paramilitares son cada vez más frecuentes.
Según datos de AI, entre 15.000 y 30.000 personas han sido sometidas a desaparición forzada desde que comenzó el conflicto, hace ya cuarenta años, y se calcula que en la actualidad existen entre 8.000 y 13.000 niños soldados, reclutados tanto por guerrilleros como por paramilitares.
Además, "todos los bandos en conflicto han convertido el cuerpo de las mujeres en campo de batalla" mediante las violaciones y la prostitución, asegura Cristina Frodden, coordinadora del grupo de Colombia de AI, quien también denuncia la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y de los sindicalistas.
Triste récord
El informe alerta de que Colombia es el país con más víctimas de minas antipersonales en el mundo, empleadas sobre todo los dos principales grupos guerrilleros en el país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
En cuanto a los paramilitares, entre 3.500 y 5.000 combatientes permanecen activos en 200 municipios del país y solo cerca de un 10 por ciento de los 31.000 agentes desmovilizados se han podido acoger al proceso de Justicia y Paz, que concede beneficios penales a cambio de su colaboración con la justicia.
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