El Sindicato de Trabajadores de Edatel demandará a la actual administración ante la justicia administrativa, ante organismos de control y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por considerar que ha incurrido en acciones que configuran una persecusión antisindical y que atentan contra la libertad de asociación.
Así lo anunciaron ayer, después de que se ejecutara en esta filial de Une EPM Telecomunicaciones (56 por ciento de la propiedad) un "plan compensado de retiro".
A la fecha ha prescindido de 48 trabajadores, 40 de ellos que estaban sindicalizados, para tercerizar con un proveedor (Energía Integral Andina) la operación técnica en Urabá, Bajo Cauca, Valledupar y Barrancabermeja, así como de otras actividades en Montería y Sincelejo.
"Sacaron de la nómina a 48 compañeros, a dos los despidieron y 46 no tenían de otra que aceptar la indemnización porque en esas regiones las fuentes de empleo son escasas. Ahora, entrarían a trabajar con el contratista en condiciones laborales precarias", señaló Gladys Eugenia Morales Mora, presidenta de Sintraedatel.
De ahí que mientras avanza el proceso de fusión entre Une y Tigo Colombia (filial de Millicom), el sindicato advierta que este es el "primer coletazo" de la integración y una manera de que el potencial nuevo administrador (Millicom), a partir de 2014 si se obtienen los permisos, encuentre la casa con menos gastos de nómina.
Tercerizar operación
Una realidad muy distinta es la que cuenta Juan Fernando Prats Muñoz, gerente de la empresa desde hace tres meses.
Explicó a este diario que los ajustes en la planta de empleados obedece a un plan aprobado por la Junta Directiva desde finales del año pasado. Por ende, no tiene que ver con la fusión en camino con Millicom y busca "poder acomodarnos a una estructura eficiente para competir con fuertes jugadores con costos diferentes en lo operativo y lo laboral".
Además defendió como una política de responsabilidad social empresarial la oferta que se hizo a los trabajadores de poder vincularse laboralmente con el nuevo proveedor técnico y que "de 50 personas dentro del plan, 46 aceptaron libremente dar por terminado su contrato de trabajo con Edatel".
¿Trabas al sindicato?
Pero Morales advirtió que ha sido tanto el temor y "estrés laboral" al interior de la compañía, que en el último mes se han vinculado al sindicato 135 empleados, como una manera de cobijarse en el fuero sindical ante un posible despido o acuerdo de retiro.
Esto ha llevado a que Sintraedatel obtenga la mayoría requerida que permite extender beneficios de la convención colectiva a los 793 empleados, según Morales.
"Como nunca antes, ahora nos exigen que para registrar la novedad de nuevos sindicalizados (y recibir los beneficios convencionales), debemos enviar las afiliaciones, de lo contrario no los reconocen," denunció el tesorero de Sintraedatel, César Augusto Patiño.
Agregó que, en el último mes las hostilidades hacia el sindicato se ha expresado en impedir reuniones con trabajadores, al tiempo que altos directivos realizan encuentros "para incentivar la desafiliación, al punto que luego de esas citaciones, 10 personas se han retirado en la última semana", concluyó Patiño.
Al ser interrogado sobre el tema, el gerente de Edatel afirmó que "siempre hemos sido respetuosos del derecho de asociación sindical" y que las reuniones administrativas están bajo normas legales, "donde la gente ha preguntado cosas libremente".
Añadió sobre las condiciones para reconocer nuevas afiliaciones a Sintraedatel que "estamos ante una situación nueva en que los afiliados pasarían del 33 por ciento más uno de los trabajadores y requerimos corroborarlo".
Mientras el conflicto laboral sigue en Edatel, los diputados Jorge Gómez Gallego (Polo) y Rodrigo Mendoza Vega (La U) propondrán un debate conjunto de control político a Edatel, en que la Gobernación tiene el 19 por ciento de propiedad.
Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado sobre esta problemática.
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