En estos últimos días dos hechos me han llamado especialmente la atención. La última encuesta de Datexco -17 a 19 de marzo- muestra al ex ministro Andrés Felipe Arias encabezando las encuestas de intención de voto sobre los demás posibles precandidatos. Arias, de no lanzarse Uribe a un tercer mandato, supera por más de cinco puntos a Juan Manuel Santos quien aparece en segundo lugar.
De otro lado, una segunda noticia que ha pasado inadvertida es la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional de la Ley 1152 de 2007 por medio de la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones. Ley presentada por Arias como uno de sus principales logros durante su paso por el Ministerio de Agricultura.
La razón, según la Corte, se explica en la Sentencia C-175/ 09 del pasado 18 de marzo, la cual hace alusión al no cumplimiento del deber de consultar previamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, deber "consagrado como un derecho constitucional fundamental en concordancia con el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural?". Igualmente la Corte explica que "contrariaba el principio de buena fe previsto en el artículo sexto del Convenio 169 de la OIT". El Estatuto de Desarrollo Rural había sido severamente criticado, en foros nacionales e internacionales, por diferentes organizaciones sociales e indígenas puesto que veían en él la vulneración a los derechos constitucionales de estas poblaciones, así como una legalización para el despojo de las tierras de los desplazados. Críticas que nunca quisieron ser atendidas.
Lo que resulta preocupante es que esta no es la primera vez que la Corte le tumba una Ley al ministro Arias. En 2007 y por las mismas razones la Corte Constitucional ya había declarado inexequible la Ley Forestal. En esa oportunidad la Corte hizo mención al reconocimiento que hace la Constitución del 91 de la diversidad étnica y cultural como fundamento de la nacionalidad colombiana y destacó cómo nuestra Carta otorga especial protección al derecho de participación de los grupos étnicos en las decisiones que los afectan.
Otro antecedente que no le hace bien al precandidato ha sido su inicial apoyo al cultivo de palma africana en el Urabá chocoano que comprometía los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y Curvaradó. En su momento se denunció el desplazamiento a que habían sido sometidas cientos de familias de esa zona por parte de paramilitares y cómo varias empresas se habían apropiado de estos territorios mediante títulos fraudulentos, en tanto que el financiamiento de sus actividades contaba con préstamos de Finagro, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. En este caso, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Congreso de los Estados Unidos, la Fiscalía abrió investigación a las empresas palmeras. Ante tales evidencias Arias no tuvo otra alternativa que cambiar su posición inicial y solicitar a las empresas la devolución de las tierras a sus dueños originales.
En su edición del pasado 23 de marzo, el Washington Post en un extenso artículo hace referencia a este asunto y menciona cómo el representante demócrata Donald M. Payne, miembro del Subcomité para el Hemisferio Occidental atribuye la atención que el gobierno nacional ha tenido que dar al asunto de tierras en el Chocó a las presiones internacionales. Afirma el Post que el gobierno colombiano ya sabe que la firma del TLC estará sujeta a su desempeño en derechos humanos, particularmente con poblaciones afro y minorías étnicas.
Por todo ese historial no deja de preocupar la actitud del precandidato Arias hacia las minorías étnicas y el respeto a la jurisprudencia constitucional. Una arrogancia que deja mucho qué desear.
*Ex ministro del Medio Ambiente
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