Desde que en 2006 el presidente venezolano Hugo Chávez expropió por vía expedita la planta de producción de la cementera colombiana Argos que operaba en el estado de Trujillo, la empresa ha aguardado la correspondiente indemnización, que no llega.
Mientras tanto, las reuniones entre presidentes se suceden y el régimen chavista sigue burlando los pagos adeudados a tantas empresas, sin honrar los compromisos.
No hay muchos motivos para esperar que ese gobierno cumpla. La ley le trae sin cuidado, y sabe que vociferando amilana a los otros Estados.
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