Un escándalo relativo a irregularidades en el alquiler de plantas eléctricas, cuando fue ministro de Energía entre 2008 y 2011, llevó este martes al arresto del ahora primer ministro de Pakistán, Rajá Pervez Ashraf, por orden del Tribunal Supremo.
El caso, nacido de la necesidad de hallar solución al déficit energético que acucia a ese país del sur de Asia, evidenció la crisis institucional que allí se vive, pues el Supremo acusó también a la Oficina Nacional de Cuentas de no ejecutar órdenes previas contra Ashraf y otras quince personas implicadas, que tienen prohibido salir del país.
Y es que con una creciente población cercana a los 190 millones de personas, Pakistán es el quinto país más poblado del planeta y uno de los que más retos enfrenta en materia de infraestructura.
En 2006, Ashraf contactó a varias empresas privadas para buscar solución al aumento en la demanda de energía, pero, según señalan medios locales, el proceso de adjudicación y la gestión de los fondos generaron sospechas por malos manejos.
El diario paquistaní, Daily Khabrain, resaltó en su edición de este martes que el clérigo reformista Tahirul Qadri exigió la renuncia del Gobierno, mientras una multitudinaria manifestación hacía lo propio en las calles de la capital, Islamabad.
Éste es el último capítulo de la guerra entre el Ejecutivo y el Supremo en el que el triunfo parece estar sonriendo a éste último, cuando faltan pocos meses para los próximos comicios, previstos para el próximo mayo.
Analistas resaltaron los interrogantes que se abren desde diversos frentes del país sobre la capacidad del gobernante Partido Popular de Pakistán para lograr mantener el poder.
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