El miedo a ser silenciado por los grupos armados que operan en Norte de Santander, obligó al secretario de Gobierno de un municipio de esa zona a guardar silencio. Su razón, la falta de seguridad y la amenaza latente e invisible de los violentos que están en su territorio.
"Yo mejor ni respondo. Necesito cuidar mi vida y hablarle a un periódico es ponerme la lápida", dice el funcionario.
Esta localidad, denominada zona roja por la presencia del frente 33 de las Farc, es una de las 6o regiones por las que la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas extraordinarias y evitar el ataque o la vulneración de los derechos humanos a la población civil.
Tragedias anunciadas
Los recientes atentados de las Farc en Balboa, Suárez y Pradera (Cauca); el aumento del desplazamiento forzado y los homicidios en Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, (Córdoba); el incremento en más del 200 por ciento de los asesinatos en el Nordeste antioqueño, provocaron que el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora , entregara al presidente Juan Manuel Santo s un mapa de riesgo de los lugares con problemas de orden público en el país.
Antioquia, Casanare, Meta, Vichada, Cundinamarca, Norte de Santander, Arauca y Córdoba son algunos de los departamentos con "una grave situación por el accionar de los grupos armados ilegales".
Otálora expresó que "hemos venido denunciando los graves problemas que se presentan en el país, pidiendo un acompañamiento especial de la fuerza pública". Pese a estos anuncios, se vivieron nuevas acciones violentas, como la masacre de 10 campesinos en Santa Rosa de Osos el pasado 7 de noviembre, o la incursión guerrillera en Totoró, Cauca, hace dos días.
Acciones integrales
Miller Correa es el secretario de Gobierno de Toribío, Cauca, un pueblo que ha soportado más de 610 hostigamientos y cinco tomas guerrilleras desde 1998 hasta el 2012.
Que Toribío esté en una alerta temprana por las acciones del conflicto no le sorprende. "Me sorprende es que nuestro territorio es de los más militarizados, pero eso no significa que haya seguridad".
Correa aseguró que en esta zona siguen "afectando los derechos de las comunidades indígenas y de los campesinos. El Gobierno no le ha dado la dimensión al conflicto".
Contrario a esta posición, el general José David Guzmán , comandante de la región 6 de la Policía, indicó que a las alertas tempranas que hace la Defensoría del Pueblo se les presta atención, porque sirven para diseñar estrategias para combatir a los grupos armados ilegales.
Pese a esto, el general aseguró que muchas veces no pueden contener de inmediato el accionar de un grupo armado ilegal que se desplace de un territorio a otro, y que es alertado por la Defensoría, pero "esto nos obliga a diseñar nuevas estrategias para combatirlos".
Pero las alertas, dicen los funcionarios, poco o nada sirven. Temen por sus vidas y conviven con el miedo, que los obliga a callar las atrocidades cometidas por los armados en las diversas regiones de Colombia.
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