Blanca Jazmín Becerra, señalada de ser la cabecilla de la organización que desfalcó a la Dian, se retractó de la decisión que entregó ante la juez 14 de garantías en el sentido de no aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía y este martes en la reanudación de la audiencia preliminar se allanó a los seis delitos que le indalgó el ente acusador.
Con la decisión la presunta responsable de exportación ficticia, concierto para delinquir, falsedades en documentos públicos y privados, peculado y lavado de activos, Becerra Segura podría recibir una rebaja de hasta la mitad de la pena que le imponga un juez de conocimiento.
Becerra es la tercera persona que acepta los cargos en el marco de este proceso.
El lunes hizo lo propio el escolta de la mujer, José Norbey Garzón, y una de las contadoras de la firma R&B Consultores, Sandra Liliana Rojas.
Mamá no aceptó cargos
En el marco de la audiencia que se adelanta ante la juez 14 de garantías, en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá, María Delia Segura de Becerra es señalada por la Fiscalía de recibir dineros y algunos inmuebles cuyo origen estarían relacionados con la actividad ilícita que desfalcó a la Dian a través del reintegro del impuesto del IVA a falsas exportaciones.
Dentro de la exposición del ente acusador, el fiscal se interrogó acerca del por qué la mujer, nacida en 1948 en Duitama, Boyacá, tuvo un incremento en su patrimonio sin justificación alguna ya que, conforme lo señaló era una ama de casa. Asimismo, el representante de la Fiscalía señaló que habían dos cuentas bancarias que tuvieron operaciones que no eran propias de la actividad de una mujer que se dedicaba a los quehaceres del hogar.
Dos de esos movimientos financieros se dieron en octubre de 2010 y en marzo de 2011 por 305 millones de pesos y 250 millones de pesos, respectivamente.
María Delia es la madre de Blanca Jazmín señalada por las autoridades de ser el "cerebro" de esta organización. Al parecer, la hija sería una de las promotoras de cederle propiedades a su progenitora conforme consta en dos escrituras públicas de 2009 y 2008, ambas de Bogotá, y con las que cuenta la Fiscalía dentro del material probatorio en el marco de este proceso.
De allí que la mujer le fueran imputados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito los cuales no aceptó luego de casi 20 minutos de deliberación en el estrado ya que la mujer le dijo a la juez que "entendía de que le estaban hablando".
