El cambio de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en especial el de Ángela Buitrago, quien llevaba, entre otros procesos, el de las desapariciones del Palacio de Justicia, tiene varias lecturas.
Para el fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago, es un proceso de trámite originado en la falta de resultados; para la fiscal Buitrago, una cuenta de cobro por decisiones tomadas; y para los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, otra muestra más de que la impunidad rondará su caso.
Según Mendoza, se trata de un proceso de ajuste en el que tuvo que llamar la atención a varios fiscales delegados ante la CSJ que no estaban dando los resultados esperados. Esto ha llevado a la renuncia de nueve de ellos.
Esta es la situación de la fiscal Buitrago, quien según Mendoza, en 58 de las 157 investigaciones que tenía a cargo, no había ninguna actuación desde 2008.
"Tal vez por priorizar algunas cosas, se sacrificaron otras", afirmó Mendoza, al explicar que algunos de estos fiscales habían considerado unos procesos como prioritarios y dejado atrás otros.
Eso sí, insistió que los nueve fiscales que han renunciado "son personas calificadas" para ejercer sus cargos y que los procesos que estaban a su cargo no van a sufrir tropiezos.
Cuenta de cobro
La fiscal Buitrago afirmó que confía en que la determinación del Fiscal General (e) se basó en su discrecionalidad y no como respuesta al llamado a indagatoria a tres ex generales por el caso del Palacio de Justicia.
Y es que el miércoles, cuando se conoció que Buitrago sería reemplazada por el fiscal Fabio Bernal, se supo del llamado a indagatoria a los ex generales Carlos Fracica, Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Hernández.
Los tres deberán rendir cuentas por su presunta responsabilidad en el homicidio del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, durante la Toma al Palacio de Justicia.
"No voy a discrepar con lo que dijo el Fiscal, pero dejar más de 10 procesos resueltos y cuatro sentencias proferidas en el caso del paramilitarismo, no creo que sea falta de gestión. Creo que las investigaciones ante la Corte Suprema arrojaron buenos frutos", enfatizó Buitrago.
Es un proceso voluminoso
Rafael Barrios, abogado de la familia del magistrado Urán, anunció que va a pedir una veeduría del proceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para Barrios, el término de la investigación sí se verá afectado, porque el fiscal que lo asume (Fabio Bernal) va a tener que enterarse del proceso, que es voluminoso y tiene muchos cuadernos, CD y DVD.
Agregó que el hecho de que sea un crimen de lesa humanidad no quiere decir que el caso "pueda dormir el sueño de los justos".
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