Escribí en una columna de opinión en días pasados sobre el respeto a la institucionalidad y a las personas. Considerando los últimos acontecimientos, por procedimientos ceñidos a la Constitución y a la ley por parte del señor Procurador, no queda otra conclusión para pensar que vamos rumbo a la desinstitucionalización del país.
Como simple observador, preocupado por el país en momentos difíciles, piensa uno, como muchos colombianos que todos debemos poner el grano de arena, solicitando un cambio de actitud, pero de una manera respetuosa, con mensaje de súplica al periodismo y a los medios, para neutralizar un poco los ánimos y evitar esta polarización, que lleva a Colombia por el "Camino de la amargura".
Es difícil de comprender que el procurador Maya Villazón hubiera sido el campeón para destituir e inhabilitar personajes de la vida nacional, hecho este notorio, sancionados de un bando y ahora que el procurador Ordóñez Maldonado utiliza las mismas normas constitucionales penalizando a personas de otro bando, lo califiquen algunos como el gran inquisidor.
Comete uno el error de volver a escuchar radio y ver noticieros de televisión, para confirmar el oportunismo del momento y la desinformación acomodada de algunos, considerando que unos meses atrás pedían la cabeza de Petro con argumentos y pruebas, pero hoy, como la determinación la toma el procurador Ordóñez, es mal aplicada la sanción y atacada por algunos que negocian con la noticia.
Cree uno, como muchos preocupados por el momento que atraviesa el país, que es perverso atizar la hoguera. Ejemplos tenemos: vecinos que hoy ya tienen el rumbo perdido, donde se dio en su momento un manejo sesgado a la información de acuerdo con las conveniencias; podemos todavía estar en el momento oportuno para reflexionar y manejar las cosas sin sensacionalismo.
Dice el adagio popular: "La justicia cojea pero llega", siempre debe respetarse el debido proceso, debemos dejar que los términos corran y que la justicia por medio de las leyes y la Constitución operen con celeridad, con argumentos y con pruebas. Evitemos convertirnos en jueces, porque con una justicia de micrófono, se desinforma a la opinión pública, queriendo juzgar por anticipado al personaje de turno.
Lo que es inaceptable, es que se agite por medio de la autoridad al desorden público, sin saberse las consecuencias de un pueblo toreado, muchas veces o la mayoría de las veces, sin saber por qué son conducidos para formar un bochinche que paraliza una ciudad, en perjuicio de las actividades en transporte, comerciales, institucionales, deportivas y turísticas, con costos incalculables. Ojo, no se debe jugar con candela.
Es relativamente fácil atizar la hoguera, pero difícil apagar un incendio, donde hay tanto oportunismo de por medio y costos para una ciudad, más cuando se trata de la capital de la República. Bueno conocer quién sufraga los costos de transporte, alimentación, hoteles y manejo de masas llevadas de diferentes sitios a las marchas dirigidas por la primera autoridad de la capital del país.
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