Los brotes inflacionarios que se registran en la actualidad obligan al Banco de la República a restringir la liquidez, lo cual viene haciendo, con la oposición de poderosos grupos de interés y sus voceros políticos, mediante la elevación de sus tasas de intervención y un encaje bancario más alto que de ordinario. No tiene alternativa: preservar el poder adquisitivo de la moneda es su cometido fundamental. Sin embargo, como le preocupa también la revaluación del peso, ha decidido aumentar la acumulación de reservas internacionales, lo cual, como es obvio, debe hacer reaccionar el precio del dólar.
Poco más puede hacerse en el ámbito de la política monetaria a menos que resolvamos volver al control de cambios, una fórmula que fue adoptada a mediados del siglo pasado y mantenida con éxito durante largos años. Así, nadie tendría derecho a poseer divisas, con excepción del Banco Central, quien definiría las tasas de compra y venta, las cuales podrían ser diferenciales; por ejemplo, mejores para la exportación de café o vestuario que de carbón, o para abaratar la importación de maquinaria y encarecer la de bienes de consumo. Este esquema pudo operar en un contexto de crónica escasez de divisas. En la actualidad nos ahogamos en dólares y nadie, salvo Corea del Norte y Cuba, que no son propiamente paradigmas de crecimiento económico, usa este tipo de herramientas.
Sin embargo, por fuera de la órbita del Emisor hay margen de acción para atenuar la reevaluación del peso sobre la base de un buen diagnóstico del problema, que tiene elementos tanto estructurales como de coyuntura, y un adecuado diseño de las medidas.
Una parte de la reevaluación es causada por factores de índole permanente. La "seguridad democrática", la "confianza inversionista", el auge exportador, las perspectivas favorables en el sector energético-minero, inducen flujos de recursos externos hacia el país que están llamados a perdurar. Pretender que regresemos a un tipo de cambio real como el que tuvimos al comienzo del actual gobierno no es factible.
Los exportadores deben entender que la competitividad en los mercados no se logra mediante recurrentes devaluaciones que castigan al resto de la sociedad. La cruda realidad consiste en que con nuestros niveles salariales no podemos competir con China; menos aún con los países pobres de África que luchan por industrializarse. Para evitar una catástrofe social se requieren saltos de gigante en materia de productividad: más y mejor educación e infraestructura; mayor acopio de tecnología en los procesos fabriles.
Y, por cierto, una reconversión productiva: sectores que fueron exitosos han dejado de serlo y deben desaparecer; la inevitable y necesaria "destrucción creativa" que es perceptible en todas las economías que han logrado tasas altas de crecimiento durante períodos dilatados. El otorgamiento de subsidios hacia determinados sectores es cuestionable por razones de equidad y sostenibilidad, y retarda el proceso de ajuste. No hay que proteger a los empresarios y ni siquiera ciertos puestos de trabajo. Por el contrario, se trata de velar por el nivel de empleo y el fortalecimiento de los sistemas para proteger a los trabajadores de empresas que fracasan. Es urgente una mejor seguridad social.
De otro lado, en la apreciación del tipo de cambio hay un componente transitorio asociado a la depreciación del dólar, al diferencial de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos y a movimientos "especulativos". Para confrontar esta dimensión del problema la terapia seguida por el Gobierno es correcta: imponer controles a los flujos externos sin vocación de permanencia. En este campo el problema no es filosófico; lo es de ingeniería. Hay que oír las críticas y, si toca, mover algunas tuercas.
Bienvenida la decisión de recortar el gasto público. Las tijeras deberían usarse en subsidios ineficientes, no en inversión productiva.
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