Desde hace varias décadas estamos sumergidos en un falso dilema sobre cómo resolver la aguda situación de violencia e ilegalidad en Medellín y el Valle de Aburrá.
Aquí donde sólo se escucha la voz de las posiciones extremas, representadas, por un lado por quienes consideran agotada la vía represiva para enfrentar el fenómeno y, del otro, por quienes califican cualquier acuerdo de paz como una claudicación del Estado frente a la criminalidad.
Para los primeros, la cuantiosa inversión económica en aumento de fuerza y tecnología, las medidas restrictivas, el aumento de penas y la alta cuota de sacrificio de vidas humanas, son esfuerzos vanos frente a la evidencia del auge de la ilegalidad y la violencia, que en períodos relativamente cortos emerge con mayor descomposición. Para los segundos, el rearme y la reincidencia son la muestra contundente de que no se deben conceder oportunidades a quien ha incurrido en la ilegalidad armada.
Estas posiciones se apoyan en evidencias contundentes como las estadísticas y la casuística, se fundamentan en juiciosos análisis sobre las causas de la violencia y su evolución en varias ciudades del mundo, y han dado lugar al surgimiento de cuerpos y sujetos especializados en el tratamiento del tema, que es precisamente de quienes normalmente nos llegan los planteamientos sobre cómo superar este flagelo.
Se cuenta pues con una buena base de expertos y de análisis con los que nos aproximamos a la comprensión de lo que nos pasa y a la ilustración de un sinnúmero de iniciativas que a lo largo de la historia se han formulado o implementado; pero es precisamente allí donde nos hemos quedado: en un diálogo de expertos, en una discusión cerrada y polarizada que ha convertido el tema en asunto de eruditos o de autoridades públicas, dejando por fuera valiosos aportes que provienen de otros sectores de la ciudad.
Es seguro que mucho tendrán qué decir sobre la manifestación violenta e ilegal de nuestros conflictos y sobre la forma de resolverlos quienes están cotidianamente en las zonas de manifestación más aguda del fenómeno, quienes conocen su intimidad desde el contacto actual o pasado con los grupos armados y la ilegalidad, quienes recogen el sentir comunitario desde la Iglesia o la escuela, quienes enfrentan la odisea de ejercer su trabajo cada día en territorios bajo formas de cogobierno ilegal, o quienes han encontrado fórmulas de convivencia exitosa en pequeñas franjas de ciudad.
Este saber es el que no debe desperdiciarse a la hora de buscar la salida y por eso es necesario crear espacios para el diálogo, para que gremios, autoridades, sectores sociales y hasta los propios ilegales puedan proponer alternativas para hacer tránsito definitivo a la convivencia pacífica y la plena legalidad; escenarios donde se puedan aprovechar los aprendizajes obtenidos con las medidas implementadas por la actual y anteriores administraciones, donde podamos concretar una metodología de trabajo que combine las alternativas pacíficas con el ejercicio de la fuerza legal, que reconozca lo realizado y conceda espacio a las nuevas iniciativas, que se convierta en escenario de respeto por las ideas, donde puedan evidenciarse las condiciones que permitirían abandonar la violencia como forma de expresión de los respectivos intereses.
Para el ejercicio es indispensable que se conceda espacio a la iniciativa ciudadana, que se vincule a la sociedad como actor principal. El proceso realizado recientemente por la Comisión de Exploración y la Mesa Ciudadana por la Vida, a través del cual se propició la tregua entre sectores ilegales, da cuenta de la importancia del aporte que puede hacerse desde el barrio, desde las iglesias, desde las cárceles y desde los medios de comunicación, entre otros.
Todo para disminuir, aunque sea transitoriamente, el clima de violencia y la trágica cadena de homicidios que ensombrece nuestra urbe. Sin suplantar a las autoridades, sin entregar nada a cambio y sin poner en riesgo la institucionalidad. Una pequeña iniciativa como esta ayudó a disminuir las muertes violentas en un 50%, y esto tendría que llevar a preguntarnos por el alcance de una acción de gran envergadura, donde diferentes sectores de la sociedad, acompañados por la administración pública, en diálogo abierto y propositivo, construyan una ruta cierta para superar este flagelo.
A través de un medio de comunicación como éste pudiera convocarse a la ciudadanía a un foro abierto de ciudad, a un intercambio propositivo escrito sobre cómo superar la violencia y la ilegalidad, de forma tal que a partir de allí se movilicen la participación cívica, el compromiso individual y sectorial a través del cual cada gremio, cada barrio, y cada persona se sientan responsables de la transformación de esta ciudad.
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