A la falta de contacto con "las instituciones a las que se pretende juzgar" y una mala "comprensión de lectura" atribuyó este jueves el Gobierno Nacional las afirmaciones que considera falsas en el informe sobre Colombia presentado por Human Rights Watch y en el cual se cuestionan los avances de la ley de Justicia y Paz, la actuación de la Fiscalía y los procesos por parapolítica.
A través de un comunicado, el Ejecutivo recordó que la ley de Justicia y Paz no fijaba un plazo de 60 días para realizar investigaciones completas a los paramilitares desmovilizados. Además aseguró que en el proyecto de reforma a la justicia no se pensó retirarle a la Corte Suprema de Justicia su competencia para juzgar a los políticos vinculados con paramilitares.
El Gobierno cuestiona la validez de los testimonios de ex Auc que vincularon a miembros de organismos del Estado con estas organizaciones ilegales. "Pretender que lo que dicen los desmovilizados es verdad sólo cuando compromete a personas adeptas a este Gobierno, es prestarse a manipulaciones por parte de ellos. Exigencia de la verdad y trabajo serio de los órganos judiciales para verificar las versiones, es lo adecuado".
