Desde 1994, en la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación, se prohibieron los llamados "bonos" que cobran algunos colegios privados para el ingreso de estudiantes. Mediante diversos mecanismos muchos colegios se habían burlado de esta norma. Ahora, con una corta ley, la 1269 del 31 de diciembre de 2008, se modifica el artículo de la Ley 115 buscando que no sea evadido.
¿Cómo entender que muchos de quienes forman nuestras futuras generaciones incurran en una práctica indebida, evadiendo un mandato legal, con la tácita aprobación de los padres de familia, con el fin de obtener un cupo? La reflexión que invitamos a hacer a las autoridades educativas, a las juntas directivas de los colegios y a los padres de familia, es en este sentido. Difícilmente podremos superar la cultura del incumplimiento de la ley, si quienes están llamados a ser los primeros ejemplos de transparencia, que son los colegios y padres de familia, incurren en algo indebido.
No hay una justificación financiera o económica para la existencia de los llamados "bonos". Los colegios deben integrar a sus tarifas, dentro de los límites legales, los requerimientos financieros que tengan. Si necesitan partidas específicas puntuales para infraestructura, existen múltiples mecanismos de titularización y ventas de carteras futuras que permiten traer a valor presente los capitales necesarios para las inversiones. Luego, no son válidos los argumentos de que son dineros indispensables para obras o dotaciones.
Hacemos un llamado a los colegios a ajustarse a la disposición que desde hace quince años establece la Ley 115 de 1994, y a los padres de familia y a las autoridades para que hagan respetar la Ley 1269 de 2008 y se impongan las sanciones a los colegios que persistan en esta práctica.
La Ley 1269 introduce además un parágrafo en que se limita y reglamenta el pedido de útiles escolares. Los colegios deberán entregar a los padres de familia, en el momento de la matrícula del alumno, la lista completa de útiles escolares para uso pedagógico, textos, uniformes e implementos que se usarán durante el año académico siguiente, y no hacer requerimientos adicionales o innecesarios.
Aquí cabe una reflexión similar a la que sugerimos anteriormente. ¿No deberían ser los colegios los primeros en ser ejemplo de austeridad, racionalidad, buen manejo de los recursos y respeto por la parte más débil, en este caso, padres y alumnos? Los padres de familia, desde el más pudiente hasta el más humilde, padecen la posición dominante de los colegios. Esperamos que esto cambie y que los padres de familia acudan a los instrumentos legales que ahora tienen para evitar abusos.
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