En lo que se considera una estrategia jurídica para defender áreas marítimas de Colombia de las intenciones expansionistas de Nicaragua, el Gobierno presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya una demanda de excepciones preliminares para que se declare sin competencias para estudiar la nueva demanda del estado centroamericano.
El recurso legal interpuesto fue dado a conocer ayer por el presidente Juan Manuel Santos, quien explicó que "Nicaragua pretende ahora reclamar una presunta plataforma continental extendida. Colombia argumenta que dicha demanda es inadmisible".
En dicha demanda fechada el 16 de septiembre de 2013, Nicaragua, además de las aguas de la isla de San Andrés, busca ampliar 200 millas marítimas más su plataforma.
El anuncio se da luego de que el pasado miércoles se reuniera en la Casa de Nariño la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para estudiar las acciones jurídicas frente al conflicto limítrofe con Nicaragua.
El presidente Santos precisó que "nuestro país es respetuoso del derecho internacional" y por ello "decidí que debíamos manifestar con toda franqueza y contundencia ante la misma Corte Internacional de Justicia las razones jurídicas que le impiden pronunciarse de nuevo sobre cualquier petición nicaragüense".
Frente a esta acción del Gobierno colombiano, su similar de Nicaragua tendrá cuatro meses de plazo para presentar sus objeciones frente a la demanda de excepciones.
En opinión de Mauricio Jaramillo, internacionalista de la Universidad del Rosario, "es difícil aventurarse sobre una decisión de la Corte Internacional para declararse incompetente o no, porque siempre resuelve diferente en cada caso que falla".
Agregó que sí considera "muy difícil que se reconozca la jurisdicción de este tribunal, ya que el Gobierno colombiano se retiró hace más de un año del llamado Pacto de Bogotá y ya se venció el año para tramitar nuevas demandas en esta Corte", explicó Jaramillo.
Recordó que la decisión de retirarse del citado Pacto se tomó para evitar nuevas demandas contra el Estado por parte de Nicaragua en su afán de ampliar sus zonas marítimas frente a Colombia. Los argumentos de Colombia en la demanda son confidenciales.
En noviembre de 2012, la Corte Internacional dictaminó que el archipiélago de San Andrés y Providencia (tres islas y siete cayos), es de Colombia, pero otorgó aguas a Nicaragua.
Según el abogado Juan Carlos Moncada, demandante del Pacto de Bogotá, en mayo pasado la Corte Constitucional avaló desconocer ese fallo a favor de Nicaragua, al conceptuar que "es inconstitucional cualquier atribución de competencia a jurisdicción internacional para juzgar asuntos limítrofes de Colombia".
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