El calificativo de crímenes contra la humanidad es comúnmente utilizado para reprochar actos atroces cometidos en Colombia. Fiscales, jueces, políticos, abogados y víctimas hacen uso de la expresión para evocar impresiones de especial crueldad, severidad o gravedad de algunas conductas.
La contundencia del reproche social comunicado es valiosa; sin embargo, el uso extendido de la expresión tiende a banalizar su valor jurídico y a enmarañar el contenido técnico de este tipo de crimen internacional.
Los crímenes contra la humanidad surgen como una categoría jurídica internacional para responder a las atrocidades perpetradas por agentes del Estado en contra de sus propios ciudadanos. La categoría es instituida en el marco del procesamiento penal de miembros del régimen nazi, en el Tribunal de Nuremberg (1945), para cobijar conductas que no eran crímenes de guerra, e incluir la protección de víctimas que eran apátridas o tenían la misma nacionalidad del perpetrador. Sin esta figura, muchos de los crímenes hubiesen quedado por fuera de la competencia del tribunal, porque fueron perpetrados antes de la guerra y por alemanes en contra de alemanes.
La comunidad internacional reconoció la importancia del reproche internacional a conductas represivas de agentes estatales en contra de sus propios ciudadanos. Los crímenes de lesa humanidad son la expresión de la tutela, mediante el derecho penal internacional, del derecho internacional de los derechos humanos (Cassese, 2008). Recuerden que el derecho internacional de los derechos humanos tiene el propósito de regular y controlar las actuaciones positivas y negativas del aparato estatal para asegurar la vigencia de los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.
No todos los crímenes graves o atroces son crímenes de lesa humanidad. La criminalización internacional de conductas tiene tres justificaciones principales: 1) la afectación de un interés internacional; 2) la comisión o los efectos transnacionales de la conducta; y 3) la necesidad de poner en marcha la cooperación internacional para perseguir las conductas. Los distintos crímenes internacionales –como la piratería, los crímenes de guerra, la tortura propiamente considerada, el terrorismo, el genocidio y otra veintena de conductas– satisfacen uno (o varios) de estos requisitos.
M. Cherif Bassiouni, uno de los principales expertos en delitos de lesa humanidad, enfatiza que estos satisfacen: el primer elemento ya que su perpetración afecta obligaciones en materia de derechos humanos; e, importantemente, el tercer elemento debido a que los Estados en los cuales acontecen estas conductas no los investigan para no poner en evidencia las políticas estatales comprometidas ni evidenciar la intervención de sus agentes en la planeación, ejecución y ocultamiento de los hechos atroces.
Bassiouni recuerda que lo que se busca sancionar es "la conducta ilegal de agentes estatales que utilizan el poder y los recursos públicos bajo el tinte de la ley para cometer conductas lesivas en contra de la población". Son expresiones de violencia institucionalizada y su persecución internacional es justificada para hacer frente al ejercicio despótico del poder y encarar la instrumentalización del sistema legal nacional que no investiga las conductas prohibidas y que puede llegar a justificarlas.
Los crímenes contra la humanidad son delitos gravísimos que implican alteraciones del Estado de derecho para asegurar que quienes perpetran los hechos queden por fuera del alcance de la ley. La mejor manera de encararlos es mediante la acción decidida de una Fiscalía independiente que asuma las consecuencias de investigar crímenes de Estado.
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