Ingrid quemó las naves. Quien tenía expectativas de su regreso a hacer política, tendrá claro que nunca ocurrirá. Aquellos que la veían como potencial y fuerte candidata a cualquier cosa a la que decidiera aspirar, Presidencia incluida, verán frustrados sus deseos.
La solidaridad que despertaron su cruel secuestro y el sufrimiento que soportó, ha dado paso a un sentimiento de incredulidad, primero, y de indignación, después. La imagen de Ingrid había caído, es verdad, por cuenta del silencio elocuente de Clara Rojas y de las crudas revelaciones que hicieran dos de los norteamericanos que compartieron su cautiverio. La gente, sin embargo, era condescendiente: entendía que no resultaba generoso juzgar con dureza a quien padeció tanto. El secuestro es tan terrible, tan devastador, que resulta atrevido opinar sobre la conducta de quienes están en cautiverio. El valor de un John McCain o de Frank Pinchao, por ejemplo, no es conducta que se pueda esperar de todos. Por eso los héroes son pocos.
Pero la demanda que Ingrid anuncia contra el Estado ha generado una irritación creciente y generalizada. Mucho va de abstenerse de pronunciarse sobre lo que hizo o dejó de hacer cuando era un rehén, a guardar silencio frente a sus acciones en libertad. Han pasado dos años desde la Operación Jaque. Tiempo suficiente para sostener que su conducta de hoy no es resultado de la deriva del secuestro.
Admitamos que todo el que ha soportado un daño injusto tiene la prerrogativa de demandar su reparación y la indemnización de los perjuicios sufridos. Pero es también un axioma que nadie puede alegar en su favor su propia culpa. Y en este caso no hubo negligencia u omisión en el cumplimiento de sus deberes por parte de la Fuerza Pública. Ingrid se metió a la boca del lobo advertida de los riesgos por parte de los militares que la custodiaban y de aquellos que estaban afuera de la zona de distensión. Firmó un documento reconociéndolo.
El secuestro de Ingrid fue resultado de su temeraria imprudencia. Y exime al Estado de cualquier responsabilidad. Es el argumento que se usa en Alemania, y ahora en Francia, para cobrarle los gastos en que incurre el Estado para conseguir su libertad a los secuestrados que lo son por irresponsables. La demanda de Ingrid nos obliga a expedir una legislación semejante.
No hay motivo para que los ciudadanos tengamos que pagar las consecuencias de la aventura caprichosa en que Ingrid se embarcó. Ya nos costó una enormidad en términos diplomáticos y políticos. Colombia fue objeto de la presión permanente de los franceses, que no cejaron en su empeño de que cediéramos a los chantajes de las Farc para liberarla. Granda está en libertad por cuenta de Sarkozy.
También por ella, y por el cálculo ingenuo del presidente Uribe, Chávez metió acá su nariz y otras cosas. Miles de hombres de las fuerzas armadas se distrajeron de su tarea de garantizar la seguridad de todos para buscar a Ingrid y centenares de miles de dólares fueron gastados con el mismo propósito.
Fue suficiente. Si Ingrid quiere hacerse rica, que busque platica en otro lado, no en los bolsillos de los colombianos.
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