Cada día que pasa resultan ser más incomprensibles para los colombianos ajenos a las disciplinas legales los fallos de nuestras Altas Cortes. Dan la impresión de militar del lado de los terroristas de las Farc, a juzgar por el alborozo de los chávez, los correas... tras fallos tan funestos como el que declaró como prueba legal inaceptable los computadores encontrados en el campamento del abatido Raúl Reyes, por culpa de discutibles errores de procedimiento del más retrógrado “santanderismo”.
El argumento que más pesó para la inconsecuente Corte Suprema de Justicia consistió en afirmar que el gobierno de Colombia debió haberle solicitado previamente la autorización al Ecuador para realizar tal operativo. Argumento absurdo como lo demostró en forma brillante el Procurador. Desconocieron ellos la amistad existente por entonces entre dicho gobierno y las Farc. Prueba de ello es que se sentían más protegidos allá para atacar a Colombia. Ignoró la Corte el derecho a la legítima defensa de Colombia, porque quien los tolera en su territorio es su cómplice.
La opinión colombiana sensata se irrita por culpa de la impunidad que se deriva de ignorar los correos cruzados entre Reyes y los involucrados en la farcpolítica. La Corte no se ocupa sino de la parapolítica. Los computadores que contenían los correos no fueron alterados, concluyó Interpol. A los argumentos de procedimiento de la Corte les podrían haber adicionado que el ataque al campamento de Reyes se realizó en horas no hábiles.
Para algunos colombianos, aquí se debió haber aplicado el principio de aceptación universal que sostiene que entre dos males se debe escoger siempre el menor. El mal mayor radicó en priorizar errores nimios de procedimiento sobre la legítima defensa de nuestro país.
Para numerosos colombianos resultan ser males menores los invocados por la Corte porque propician la impunidad, un mal mayor. Porque para Colombia sí entraña un mal mayor renunciar a pruebas que permitan combatir el terrorismo. Porque para Colombia sí implicaría un mal mayor el comprobar que su Corte Suprema aduce razones ligeras, acepta testigos inadmisibles y está sesgada, politizada...
El alto tribunal derribó otro pilar de nuestra democracia al dictarle una medida de aseguramiento a la expresidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, por haberle solicitado al DAS informaciones sobre las andanzas de Piedad Córdoba para adelantarle a ésta un debate parlamentario, ignorando que la Constitución de Colombia autoriza a los congresistas a solicitar informaciones para sus debates.
El último eslabón de esta cadena de desaciertos lo aportó el Consejo de Estado, con su absurda condena contra el Ejército por la toma de las Farc de la base militar de Las Delicias, Putumayo. Recordemos que 15 días antes, era tan grande el dominio de las Farc en esta zona, y tan débil el Ejército durante el gobierno del presidente Samper, que Manuel Marulanda intentó tomarse a Florencia para establecer allí la capital de la república de Caquetania. No olvidemos que el militar que defendió a Florencia lo encarceló un juececito mediante una tutela, durante un mes, porque no accedió a retirar las defensas de la ciudad.
¿No se justificaría acaso realizar sondeos de opinión para medir la popularidad de las Altas Cortes y de nuestro Sistema Judicial?
