El director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Felipe Muñoz, no descartó la posibilidad de que las chuzadas ilegales se estén realizando por fuera del organismo de seguridad por empresas privadas y grupos al margen de la ley que cuentan con aparatos de interceptación.
Igualmente dijo que sabe con certeza en dónde están los siete equipos de interceptación del organismo: uno en la Fiscalía, otro en cadena de custodia, uno más en el piso décimo del edificio de Bogotá del DAS y los demás guardados y sellados esperando para su revisión técnica antes de ser usados.
También dijo que la única orden que ha recibido por parte del Presidente de República, Álvaro Uribe, es la de “combatir la delincuencia. No he recibido ninguna otra orden del primer mandatario ni de ninguna otra persona para realizar las interceptaciones ilegales”.
Recuperación de confianza
Muñoz aseguró que en estos momentos el institución está pasando por una crisis de confianza pero que con la reestructuración del DAS que se está llevando a cabo, se volverá a recuperar la credibilidad.
También indicó que les solicitó a los 6.500 funcionarios de la entidad que denuncien si conocen a alguna persona que esté usando los equipos del DAS para realizar actividades ilegales.
Reiteró que le pedirá a la Fiscalía General de la Nación "que dentro del respeto a la libertad de prensa y la protección de las fuentes periodísticas, se le solicite a la revista Semana las grabaciones que señala en su último artículo, para que obren como prueba en el proceso por el tema de las interceptaciones ilegales".
Cita con el fiscal
Igualmente el Director del DAS manifestó que se reunirá con el Fiscal General, Guillermo Mendoza Diago, para analizar la investigación que se les lleva a dos ex funcionarios del DAS, de quienes se cree que en el momento de su retiro de la institución se llevaron información y equipos técnicos para realizar grabaciones ilegales.
Muñoz desestimó que esté pensando en renunciar y agregó: "Tengo la obligación de seguir poniendo la cara y aclarar el asunto".
Además aseguró que existe en Colombia "un mercado negro en este tema", que está acabando la legitimidad de las instituciones.
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