Una Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, decidió que la Contraloría General no es competente para investigar a los magistrados que supuestamente incurrieron en la condenable práctica del "carrusel pensional".
Esto es, el nombramiento de magistrados auxiliares por períodos cortos para multiplicarles la pensión, quedará sin ningún control.
El competente para investigar esta irregular modalidad de favorecimiento es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que en décadas no ha tramitado un solo expediente.
Hasta aquí llegó, pues, la posibilidad de hacer claridad sobre el despilfarro del patrimonio público por parte de Altas Cortes.
Qué mal.
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