Siempre fue esta tierra de riquezas escondidas. Desde los tiempos de la conquista hasta ahora, el oro y el verdor hipnótico de la esmeralda han nublado la conciencia de los hombres, cegados por la ambición de un golpe de fortuna.
Las entrañas de Colombia han sido arañadas sin piedad y aún así quedan tesoros incalculables que arrebatar de su interior.
Más aún hoy. Con un mundo hambriento de materias primas baratas con las que se alimenta la maquinaria del consumo desmedido, la fiebre minera llevó al Gobierno a otorgar casi 9.000 concesiones. Con los precios del carbón, el oro y el níquel por las nubes, doblando y casi triplicando su valor en un lustro, los ojos de las grandes compañías multinacionales se volvieron hacia Colombia.
La creciente seguridad en el país y el fuerte impulso para captar inversiones exteriores hicieron el resto.
Menor riesgo, mano de obra barata y unos precios escalando cada año, fueron una tentación para las trasnacionales, pero también para las explotaciones ilegales, para el narcotráfico y hasta para la guerrilla.
Desde 2001 se solicitaron 20.000 títulos de concesiones de exploración y explotación de minas equivalentes a 22 millones de hectáreas de los 114 millones que tiene el país. Se concedieron casi 9.000 permisos.
La inversión extranjera directa en minería casi se triplicó: pasó de 3.800 millones de dólares entre 1999 y 2004 a 11.900 millones en los siguientes cinco años.
Las mayores empresas del mundo, como el gigante mundial en oro, la surafricana Anglo Gold Asahanti lograron títulos a discreción. Llegaron entonces las expropiaciones forzosas de campesinos y otros atropellos, como la paramilitarización de las concesiones.
Apartadas del control de las autoridades, al margen de la ley, en esas cuencas se infiltró también el crimen organizado, hallando un paraíso para lavar el dinero sin que nadie hiciera demasiadas preguntas.
En muchos casos, llevados ante la justicia con escaso éxito, se denunció la explotación de las comunidades locales y la utilización de mano de obra semiesclava. También las extremas condiciones laborales de los mineros. Miles de ellos han muerto o sufrido accidentes graves que les incapacitan para seguir trabajando sin ninguna cobertura social que los ampare.
Sólo en el transcurso de este año, 65 mineros han caído tratando de ganarse el pan en las condiciones más extremas de trabajo.
El conflicto minero tiene pues demasiadas variables como para tomarlo a la ligera. Desde el respeto por el orden público y los derechos del resto de colombianos, los mineros tienen sobrados motivos para protestar.
Cierto es que quienes alientan las revueltas más violentas ocultan intereses que esconden la ilegalidad de sus explotaciones o las actividades ilícitas que se amparan en ellas, pero nadie debe olvidar que buena parte del desarrollo y el crecimiento del país se debe al trabajo y sudor de miles de hombres que trabajan honradamente por un salario demasiado escaso.
El progreso de Colombia no puede condenar a sacrificios infames a quienes trabajan en sus minas como tampoco arruinar sus ecosistemas, devastando comunidades enteras. A veces es mejor dar un paso atrás para seguir avanzando.
