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El costo más grande que tuvimos que pagar los colombianos por el secuestro de Íngrid Betancourt no fue el desprestigio ante el mundo por su infame cautiverio. En algunos círculos de Europa llegaron a creer que su secuestro era culpa del gobierno y que, si seguía secuestrada, era por negligencia de las autoridades.
Tampoco lo fue el costo monetario de la operación Jaque. Basta sumar el valor en riesgo de los helicópteros, la inversión del Estado para formar cada integrante de las fuerzas especiales que participaron, los recursos destinados a meses de inteligencia para poder interceptar las radio operadoras de Jojoyy César , entre muchos otros desembolsos, para darse cuenta del enorme costo económico que pagamos todos los colombianos por la operación Jaque. Costo marginal, pues la libertad de Íngrid y los demás secuestrados no tiene precio para los colombianos.
El mayor costo tampoco fue la presión mundial sobre Colombia para que se despejaran Florida y Pradera. Estuvimos cerca de padecer nuevamente una zona de terror, secuestro, tortura, masacres y asesinatos a manos de las Farc. Estuvimos próximos a revivir la pesadilla del antiguo Caguán. Gracias al Presidente Uribe y a unos pocos que resistimos la presión, las Farc no se salieron con la suya. Pero el costo político y diplomático fue grande.
Aún así, ninguno de esos fue el mayor costo que pagamos los colombianos por el secuestro de Íngrid. El mayor costo fue la liberación del terrorista Rodrigo Granda, canciller de las Farc.
Granda fue capturado en Venezuela en los primeros días de 2005, gracias a una impecable operación de la inteligencia colombiana. Si no hubiera sido por la irresponsabilidad de un periodista de la revista Cambio , a quien el Presidente Uribe le confió la información del operativo, el gobierno Venezolano se hubiera tenido que tragar el sapo. Pero este personaje filtró información confidencial y se desató una profunda crisis diplomática con el vecino país. En efecto, a través de un comunicado la organización terrorista recriminó al gobierno venezolano y pidió garantías para las organizaciones bolivarianas. El 14 de enero de 2005, el gobierno venezolano cerró la frontera con Colombia y retiró a su embajador.
Un mes después la crisis se resolvió. Pero las exportaciones de Colombia hacia Venezuela quedaron amenazadas y comenzaron a caer. Ello generó la pérdida de miles de puestos de trabajo en nuestro país. También comenzó el maltrato a colombianos al otro lado de la frontera. Pero, además, se cerraron las posibilidades de cooperación con Venezuela para perseguir a las Farc en ese territorio. En fin, de ahí en adelante las cosas con Venezuela fueron de mal en peor. Pero no importaba, pues Granda estaba tras las rejas y no iba a seguir patrocinando el secuestro, el asesinato y la tortura como diplomático del terrorismo.
Sin embargo, el 4 de junio de 2007, Uribe excarceló a Granda por solicitud del presidente francés Nicolás Sarkozy, quien sostenía la tesis que dicha liberación iba a ser retribuida con la liberación de Íngrid. Pero Íngrid no fue liberada por las Farc y al día de hoy Granda continúa estimulando el secuestro, el asesinato y la tortura de las Farc desde el exterior. Este fue el mayor costo. Un terrorista libre llevando por el mundo la doctrina sádica de las Farc. Ello, gracias a la solicitud del Presidente de Francia. ¿Cuánto debe Francia a Colombia por esto? ¿En qué instancia será la conciliación y por cuánto? No hay oro en el mundo para pagar esa deuda.
P.D. ¡Libertad para Alejandro Peña Esclusa!