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En lo que constituyó el primer pronunciamiento del Gobierno Nacional, frente al escándalo de las 'chuzadas' telefónicas que el DAS venía adelantando contra dirigentes políticos, periodistas y hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, anunció medidas radicales.
Desde ahora "cualquier interceptación, previa orden judicial, serán competencia exclusiva de la Policía Nacional", dijo ayer el Presidente.
La determinación, que hace parte del paquete de reformas al que será sometido el organismo de inteligencia, pretende "conducir a que haya total transparencia y eficacia", explicó el Jefe de Estado.
Esta medida fue adoptada en el miércoles en la noche y anunciada en la mañana de ayer junto a los altos mandos de las Fuerzas Militares y de orden público.
"A partir de hoy (ayer) el DAS no ejercerá directamente la competencia para hacer interceptaciones con orden judicial, bien sea a través de sus equipos fijos o móviles (?) en cualquier caso, cuando en adelante se necesite una interceptación, además de la orden judicial, tendrá que hacerlo con la Policía Nacional y excepcionalmente con otra de las instituciones de nuestras fuerzas armadas", sostuvo Uribe en un corto pronunciamiento desde el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño.
Con el objetivo de evitar traumatismos en los procesos de interceptaciones en curso, el Primer Mandatario expresó que el director del organismo de inteligencia, Felipe Muñoz, debe coordinar con el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, para ajustarlos al nuevo procedimiento.
Uribe aseguró que el DAS no se acabará, pero aclaró que sí será objeto de amplias modificaciones.
El concepto del Fiscal
El fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, explicó que "al suspender el reparto de las órdenes de trabajo y realizar estrictos controles a estas salas, lo que se busca es procurar un equilibrio entre los intereses de la seguridad del Estado y las necesidades de la investigación".
Iguarán, que en este caso funge como director de la Policía Judicial encargada de captar audios de comunicaciones telefónicas y correos electrónicos en investigaciones penales, autorizó la suspensión de las salas.
Sin embargo, aclaró que "es una suspensión y no una cancelación de las salas de interceptación del DAS. El tiempo de esta medida lo determinarán los jueces e investigadores".
El presidente de la Corte, magistrado Francisco Javier Ricaurte, dijo que las interceptaciones del DAS son "un eslabón más de una cadena de hostigamientos que se vienen adelantando desde distintos sectores contra la Corte Suprema de Justicia, para entorpecer las labores constitucionales que le corresponde adelantar".
"Los señores Procurador y Fiscal han escuchado nuestras reflexiones y han prometido adelantar todos los esfuerzos para entregarle al país y a la Corte Suprema unos resultados concretos y prontos", manifestó Ricaurte tras una reunión con el fiscal Iguarán y el procurador Ordóñez.
Frente a la determinación de someter estos hechos al examen de la organismos internacionales, Ricaurte señaló que esa es una decisión ya está tomada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó ayer al Estado colombiano información sobre los operativos del DAS contra defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de los poderes legislativo y judicial.
La oposición también se refirió al tema. "Pasar la inteligencia civil a la inteligencia de la Policía es gravísimo. Además, la Policía aún no ha esclarecido un tema similar de chuzadas hace dos años. Pasamos de Guatemala a Guatepeor", afirmó Cecilia López, vocera del Partido Liberal en el Senado.