Inquieto lector: Espero que esté gozando de buena salud y que el Señor al final lo premie con una muerte repentina, pues así podrá evitarse la molestia de interponer una tutela que le garantice estar rodeado de médicos, enfermeras, auditores de las EPS, mangueras de varios tamaños y un respirador artificial. A pesar de todo, su partida de este mundo será inevitable.
Fue a partir de la Ley 100 de 1993 que se comenzó a despertar en la conciencia de todos los colombianos, ricos o pobres, letrados o ignorantes, la ilusión de tener acceso pleno al servicio de la salud.
El sistema que se diseñó, denominado Plan Obligatorio de Salud -POS-, en forma abreviada es así: Las personas con vinculación laboral y algunos independientes aportan a empresas intermediarias (EPS), quienes a su vez acuerdan con clínicas y hospitales la atención de sus afiliados. Otro grupo, por cierto más numeroso que el primero, que no tiene capacidad para contribuir, gracias a la ayuda de la Nación, los departamentos, municipios y el excedente de quienes están pagando, reciben la misma prestación.
Es innegable que en el manejo de la salud se han cometido abusos por parte de más de uno de los actores. Es por ello, que el Gobierno ha querido establecer y mejorar los controles para evitar que hechos tan reprobables como éstos se sigan presentando.
También es cierto que la prestación de la salud, en muchos casos, demanda costos excesivos, que la mayoría no está en capacidad de sufragar. Por lo tanto, aunque no sea tarea fácil, es imprescindible definir, con la mayor claridad posible, el límite de cobertura de la salud, pues éste no puede ser ilimitado.
Uno desearía compartir la quimera de quienes han luchado para que la salud esté al alcance de todos. Sin embargo, me preocupa un problema de sumas y restas, a saber: El recaudo de los impuestos que recibe el Estado más otros ingresos que provienen de fondos, aportes parafiscales y rendimientos de entidades públicas, en el presente año, es del orden de 93 billones de pesos.
Con este dinero se debe pagar en primer término los salarios y prestaciones de los servidores públicos por 28 billones, las pensiones de jubilación 24 billones, los demás gastos de funcionamiento en forma aproximada 30 billones, y los intereses de la deuda pública 18 billones, para un total de gastos de 100 billones. Hasta acá resulta un déficit de 7 billones de pesos.
De acuerdo con el cálculo anterior, se puede afirmar que el Estado no dispone de recursos propios para cumplir con el compromiso de la salud. Significa entonces que es necesario recurrir al uso del crédito. A pesar de que nuestra Carta Política ordena atender el servicio de salud y que la Corte Constitucional lo ratificó, en la práctica resulta un imposible.
A mi juicio, si este Gobierno o cualquier otro quiere obedecer, así sea discretamente esta obligación, debería tramitar con carácter de urgencia una reforma tributaria, basada en los principios de equidad, simplicidad y universalidad. Es de justicia eliminar muchos privilegios, reducir el texto legal haciéndolo más simple, para facilitar su cumplimiento y control y hacer que más personas contribuyan con el impuesto de renta.
Mientras más se aplace este paso, más pronto habrá que redactar un epitafio que diga así: "Aquí yace un infeliz Estado, que murió de hemorragia aguda causada por atender el servicio de salud y el pago de las pensiones de jubilación".
Como nadie es profeta en su tierra, esta apreciación no vale la pena tenerlo en cuenta.
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