Cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia denunciaron ayer, ante la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), que el Gobierno no ha adoptado las medidas cautelares ordenadas por ese organismo, a lo cual el Ejecutivo respondió que sí hay protección para ellos.Los reclamos los hicieron en Washington Yesid Ramírez, César Julio Valencia Copete, María del Rosario González e Iván Velásquez, mientras que en Bogotá lo hizo Sigifredo Espinoza.
Sobre estos, la CIDH ordenó al Gobierno Nacional reforzarles sus esquemas de seguridad, toda vez que fueron afectados por las interceptaciones y seguimientos ilegales que se hicieron desde el DAS a miembros de la Corte Suprema, a políticos de oposición y a periodistas.
Ramírez y Valencia Copete ya no integran el alto tribunal, mientras los demás cobijados con la medida de protección continúan en dicho organismo.
Al respecto, el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, se mostró inquieto por la situación, pero aseguró que el Gobierno Nacional sí da la protección adecuada a los magistrados, por intermedio de la Policía, cuyo director, el general Óscar Naranjo, es el encargado de la seguridad de los cobijados por la medida de la CIDH.
El funcionario buscará un diálogo con los afectados, para tratar de conocer de primera mano las inquietudes que los llevaron a hacer la nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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