Con penas entre uno y tres años de cárcel serán condenados todos los actos considerados como racistas, según la ley que fue aprobada ayer, en cuarto debate, por la plenaria de la Cámara.
Ahora, la iniciativa debe pasar a conciliación antes de que el presidente Juan Manuel Santos la sancione y entre en vigor.
La norma busca acabar con este tipo de discriminación que aún se presenta en el país, en especial contra personas de las comunidades afrodescendientes.
La norma impondrá una sanción de entre 10 y 15 salarios mínimos legales para quienes promuevan actos o conductas o comportamientos contra grupos de personas o comunidades.
Será delito la discriminación y el hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política, origen nacional, étnico o cultural.
El acceso al trabajo, a la educación y establecimientos abiertos al público, será uno de los derechos que buscará garantizar la norma.
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