El Gobierno presentó ayer lo que sería el Plan de Consolidación de la Seguridad Democrática Urbana, cuyo objetivo central es atacar, de frente y de forma integral, el escalamiento de la criminalidad en las grandes ciudades, sin descuidar los contundentes resultados que se lograron durante la era Uribe en materia de lucha contra la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico.
La iniciativa responde a los múltiples desafíos y amenazas que las llamadas bandas criminales, ligadas al microtráfico de drogas y a las extorsiones, vienen adelantando en las ciudades capitales, donde los índices de homicidios y hechos relacionados con jóvenes delincuentes se incrementaron en los últimos dos años.
El corazón de la nueva política contra el crimen tiene componentes en áreas críticas de lucha contra la impunidad, el terrorismo y la delincuencia juvenil y con agilidad en la administración de justicia. El Gobierno procura entregarles dientes a los organismos de seguridad del Estado, a los jueces y fiscales, así como convocar la colaboración ciudadana para legitimar la institucionalidad y derrotar el terror que se quiere instalar en las ciudades.
Visto completo el alcance de la normatividad presentada por el propio Presidente Santos en el Distrito de Aguablanca en Cali, es de destacar la coherencia con que el Gobierno pretende enfrentar los grandes problemas sociales ligados a la delincuencia.
Factores como la educación, el empleo, la recreación y el deporte, están fundamentados dentro del alcance proactivo o "zanahoria" de la norma, sin soslayar el "garrote" que habrá para quienes se salgan del marco de la ley.
No es sólo una estrategia de lucha contra el crimen, sino una política integral que busca articular los esfuerzos de todos los órganos del Estado y los valores ciudadanos con el liderazgo y compromiso de los alcaldes locales, pues el Gobierno entiende que los resultados serán posibles de alcanzar desde los barrios y los pequeños territorios donde hoy se están dando los fenómenos de homicidios, microtráfico y extorsión.
El llamado "garrote" contra la delincuencia tiene componentes de reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal e Infancia y Adolescencia. Son ambiciosas, necesarias y urgentes las modificaciones que se deben hacer en materia de Procedimiento Penal, en especial, la eliminación de las restricciones de horario para los allanamientos y los plazos en la vigencia de las órdenes de captura, seguimiento y registro de delincuentes, flagrancia, porte de armas, y la definición de "dosis mínima".
La administración de Justicia, clave para enfrentar el crimen y derrotar la impunidad, contará con nuevas herramientas y tiempos. Es importante la ampliación, de 30 a 60 días, del plazo para la imputación y formulación de la acusación para evitar que los delincuentes salgan a la calle por vencimiento de términos, lo que provoca desgaste y desmotivación entre los organismos del Estado.
Es trascendental el cambio que se pretende hacer al Código de Infancia y Adolescencia, pues los menores no pueden seguir siendo el caldo de cultivo de los criminales. Y los que decidan coger el camino del delito tendrán que pagar por ello: se amplía la pena de prisión de 8 a 12 años por crímenes de alto impacto social y los culpables tendrán que pagar la condena completa y no hasta los 21 años, como ocurre ahora.
Este paso es fundamental. Hay que seguir trabajando duro contra la criminalidad con los instrumentos que se tienen, pero demandamos del Legislativo una acción pronta para aprobar este paquete de medidas y lograr la convivencia que necesitamos.
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