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El asesinato de monseñor Oscar Romero y las matanzas de El Mozote y de los seis jesuitas son tres de los crímenes más graves de la guerra civil de El Salvador que siguen impunes y son parte de la deuda en derechos humanos pendiente 20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz.
Lo que se suscribió el 16 de enero de 1992 fue "la paz entre los que hicieron la guerra, pero no entre los que sufrieron la guerra", declaró Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), regida por jesuitas.
Muchos salvadoreños "siguen sufriendo las consecuencias de una posguerra mal trabajada"; los "más pobres y excluidos" sufren las violaciones de sus derechos, aunque ya no por razones políticas sino por "políticas equivocadas del Estado", agregó.
El procurador de Derechos Humanos (estatal), Óscar Luna, también dijo que, a pesar de algunos avances, en estos 20 años aún no se ha dado la atención necesaria a "las causas estructurales que dieron lugar al conflicto armado" para resolverlas, como la pobreza.
Por tanto, se tienen "bastantes deudas todavía" en materia de derechos humanos, recalcó Luna.
Cuéllar añadió que una de esas deudas es que el Estado no ha garantizado "la seguridad ciudadana" en El Salvador, donde una media de once personas son asesinadas al día, y tampoco ha conseguido que se respeten los derechos económicos y sociales debido a los "altos niveles de sumisión y desigualdad" existentes.
Destacó que la "violación mayor es la falta de justicia", que es la "base" de otras "violaciones graves" como "la muerte y la desaparición forzada", y que permite que muchos crímenes queden impunes, como los de monseñor Romero, los jesuitas y El Mozote.
El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, ha pedido perdón por los asesinatos de Romero y los jesuitas, y tiene previsto hacer lo mismo el 16 de enero por la masacre de El Mozote.
Romero, que era arzobispo de San Salvador y está en proceso de beatificación desde 1994, fue asesinado por un francotirador el 30 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa en una capilla de San Salvador.
La Comisión de la Verdad que investigó las violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante la guerra (1980-1992) estableció que el autor intelectual del asesinato del arzobispo fue el mayor Roberto D'Aubuisson, fundador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
La masacre de El Mozote, una aldea del nordeste del país, es considerada por algunas organizaciones humanitarias como una de las peores matanzas cometidas no sólo en la guerra civil salvadoreña, sino también en toda Latinoamérica.
Entre el 11 y el 13 diciembre de 1981, el ya extinto batallón Atlacatl y otras unidades militares perpetraron la masacre en El Mozote y caseríos aledaños, en el departamento de Morazán, fronterizo con Honduras.
"Se masacró a alrededor de 1.000 personas, hombres, mujeres y niños de todas las edades", recordó Luna.
La matanza de los jesuitas fue perpetrada el 16 de noviembre de 1989 en la UCA, en plena "ofensiva final" de la guerrilla, cuando un contingente del batallón Atlacatl asesinó a tiros a seis sacerdotes, cinco de ellos españoles y uno salvadoreño, y a una empleada y su hija.
Con respecto a ese caso, el Gobierno "no hizo lo que le tocaba" e incluso se opuso a la orden de captura internacional remitida en agosto de 2011 por el juez español Eloy Velasco sobre algunos de los 20 militares implicados, afirmó Cuéllar.
El Gobierno de España, donde son procesados los militares salvadoreños, aprobó el 2 de diciembre pasado solicitar la extradición de 15 de los imputados, procedimiento que pasará a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y a autoridades de Estados Unidos, donde residen dos de ellos, una vez que sean enviadas las órdenes.
Luna consideró "grave" que estos y otros crímenes "sigan impunes" porque "son un precedente que tendrían que tener ya una respuesta".
Los acuerdos "sí se han cumplido (...), pero tristemente tenemos que admitir que hacen (falta) cosas que cumplir", como erradicar la violencia y la pobreza, consideró el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
"Tenemos una deuda con la sociedad; no hemos saldado todavía la situación que se proponían los Acuerdos de Paz, 20 años no ha sido suficiente", sentenció.