Según el DANE, en septiembre pasado el desempleo se ubicó en 9,0 por ciento, lo que representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2012. Esta tasa es la más baja de los últimos 12 años para dicho mes. Con este resultado el desempleo continúa su tendencia descendente y se completan 37 meses ininterrumpidos de caída en dicho indicador.
Un resultado también muy favorable es que del total de empleos generados entre octubre de 2012 y el pasado mes de septiembre más de la mitad son formales.
Sin embargo, la creación de puestos de trabajo no se da en todos los sectores. Mientras que durante el trimestre julio-septiembre de 2013 la construcción, el comercio y los servicios presentaron aumentos importantes en la generación de empleo, hubo disminuciones en las actividades rurales, la industria y el transporte.
En las 13 principales ciudades durante el tercer trimestre del año el desempleo disminuyó, pasando del 10,9 por ciento en igual período del año pasado al 10 por ciento en 2013. En este lapso en Medellín se registró una caída aún mayor, del 12 al 10 por ciento.
A pesar de estos avances, las tasas de desempleo e informalidad se mantienen altas. Esto constituye una clara señal de que todavía se debe hacer mucho por generar un mayor número de puestos de trabajo formales.
En este propósito juega un papel de gran importancia la determinación del salario mínimo. Contrario a lo que pregonan ciertos sectores, el salario mínimo le quita flexibilidad y capacidad de ajuste a los mercados laborales.
Igualmente, un aumento exagerado del mismo, antes que favorecer la generación de empleo de calidad, la desestimula. También hace que aumente el número de personas que devengan un salario por debajo del mínimo y que no cotizan a la seguridad social. Se estima que en Colombia hay un poco más de nueve millones de trabajadores en estas condiciones.
Como ocurre todos los años, a principios de diciembre comenzarán las discusiones para la fijación del salario mínimo que regirá en 2014.
Algunos sectores y gremios han presentado sus previsiones. ANIF, por ejemplo, estima que, aplicando la fórmula establecida, el salario mínimo no debería crecer más allá del 3,9 por ciento, lo que implica que para el año entrante rija un mínimo de 612.500 pesos.
En esta oportunidad han surgido algunas propuestas que buscan racionalizar el uso de este instrumento de la política laboral.
Santiago Montenegro, Presidente de Asofondos, propuso que en el próximo año se pongan en práctica dos salarios mínimos diferenciados. Uno de ellos se utilizaría para los nuevos trabajadores y sólo se ajustaría por la inflación. El otro cobijaría a los trabajadores actuales y se le aplicaría la actual fórmula de incremento.
Por su parte, Fedesarrollo ha propuesto que se implemente un salario mínimo diferenciado por regiones o, al menos, uno urbano y otro rural.
En fin, estas propuestas buscan reducir las rigideces y las inequidades que origina la existencia del salario mínimo.
Los avances que se han tenido en materia de generación de empleo y reducción del desempleo y la informalidad deben ir de la mano de un adecuado manejo de los instrumentos de la política laboral. Para ello el Gobierno y los demás actores deberían estar abiertos a la discusión acerca no sólo del valor del salario mínimo sino de la posibilidad de modificar su estructura y forma de operar.
