El proceso de reubicación de las familias afectadas por el proyecto de Porce III aún no termina y de las 582 impactadas, ya 180 interpusieron demandas por considerar que no se les respetaron sus derechos.
Los casos positivos y negativos de este proceso, que se inició en 2003, cuando se declaró la zona como de Utilidad Pública e Interés Social del proyecto, abundan. De un lado, quienes sienten que les fallaron y que no recibieron lo que les correspondía dicen sentirse engañados y que no hubo asesoría para una decisión adecuada.
Ese es el caso de Nora Mejía. Hace 8 meses salió de la vereda Bramadora y está viviendo en Barbosa. Para ella, el cambio la puso a vivir aguantando hambre.
"A mis hijos no les dieron casa. Tenía restaurante, peluquería y ventas de cosméticos y ahora me toca pensar con qué pagar 200.000 pesos de servicio, y vivir del arriendo del local que compré para mi proyecto productivo que no funcionó. Por eso estoy vendiendo helados".
A ese lamento se suma Miguel Sepúlveda, un minero de la región, a quien le dieron 105 millones de pesos y luego de montar un restaurante y una venta de ganado hoy no tiene un peso.
"Faltó asesoría y me liquidaron la minería como si fuera un empleado. Me tocó negociar obligado", asegura.
A las familias impactadas por el proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ofreció 2 modalidades de negociación: una directa en la que se valoran los bienes y la indemnización por la actividad económica y se pacta el valor. La otra, por restitución de la actividad económica que implicó el acompañamiento en el establecimiento de un proyecto productivo elegido por la familia.
Así, a Jorge Rodríguez le entregaron su indemnización y 39 millones de pesos fueron destinados a la compra de vivienda. En la Plaza de Mercado de Barbosa estableció una carnicería.
"Todavía me deben una plata porque no he podido comprar el local, pero no me quejo. Lo duro son los servicios públicos, pero tengo una casa mejor que la que tenía antes", cuenta y advierte que "EPM no nos sacó a las malas".
Concertación
A partir de 2005, EPM inicia la concertación con 582 familias y 376 mineros, 170 concertaron con medida de reubicación o relocalización.
"De ellas 41 familias fueron ubicadas en predios adquiridos por EPM en Guadalupe y las otras 129 en predios sugeridos por ellas mismas", explica Mary Luz Quiroz, profesional social de la Subgerencia de Proyectos de Generación, de EPM.
De ellas, a principios del 2008 había 130 familias adaptándose a su entorno y 40 con dificultades.
"Hoy, entre 15 y 18 familias, aún tienen problemas".
Para Nelson Guerra, uno de los mineros que hizo negociación directa y que lidera el grupo de familias inconformes con la negociación asegura que los sacaron de las minas.
"Teníamos plazo para salir hasta 3 meses antes de llenar el embalse. Siento que me robaron. A mí me dieron 30 millones y no me reconocieron la vivienda".
Así también Arturo Gálvez, que vive en el barrio Andalucía, dice que a él le negaron acceder al proyecto productivo y no le reconocieron las dos actividades económicas que realizaba, pese a que le entregaron más de 100 millones de pesos.
Jaime Zapata, profesional social de EPM, explica que para la concertación de los derechos establecieron rangos según los ingresos de las familias, el tiempo de ejercicio de la actividad económica y el arraigo en la zona.
Para quienes la indemnización estaba entre 6,5 y 16,2 millones de pesos les entregaban 35,6 millones para un proyecto productivo. A los que les correspondía entre 26 millones y 42, el proyecto productivo llegaba a 57,5 millones, y a la familia que superará estos valores les era reconocido un 30 por ciento sobre el mismo. Así mismo, se les reconoció el incremento por el IPC sobre el capital de cada uno. A esto se suman los valores para la vivienda, que van desde 19 millones hasta 39 millones de pesos.
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