Los esfuerzos de las autoridades por cumplir la orden presidencial de frenar o contrarrestar las acciones de los que se oponen a la restitución de tierras, dieron ayer otro paso en materia de seguridad con la captura de cinco presuntos despojadores de tierras en el Urabá antioqueño.
Según las autoridades, se trata de cinco personas que "seguían órdenes de los hermanos Castaño Gil para arrebatar las propiedades de los campesinos que habitaban estos municipios, con el fin de acrecentar su dominio en esa región de Antioquia".
Luego de un arduo trabajo de policía judicial, investigadores de la Dijín realizaron nueve allanamientos y capturaron a alias "Wilmer", "Negro Pino", "el Guara", "el Pollo" y "Virgilio", señalados por la Policía y la víctimas de participar en el desplazamiento forzado de por lo menos 50 familias en los municipios de Chigorodó, Apartadó, Turbo, Carepa, Mutatá y el corregimiento de Macondo.
Víctimas de los presuntos despojadores de sus tierras, denunciaron que los capturados les ofrecieron dinero y comprar sus parcelas a muy bajo precio, "pero luego nos quitaban las fincas a la fuerza y lo hacían irse a uno de su tierrita", dijo uno de los desplazados.
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, entidad que acompaña a los reclamantes de tierras, expresó que estas capturas deben servir para que aquellas personas que se apropiaron de las tierras, las devuelvan, "y poder tener así una restitución rápida y en paz".
Precisó además que la Fundación siempre ha insistido a las autoridades en la judicialización de los despojadores, los que los patrocinan y los que amenazan a los reclamantes.
Ante el miedo a denunciar y a reclamar, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, precisó que el Gobierno "a través de las diferentes instituciones del proceso ofrece garantías de seguridad a los reclamantes".
Los capturados responderán por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio agravado, receptación y concierto para delinquir.
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