El exministro Armando Estrada ha llegado a la conclusión, en su tesis doctoral en Filosofía, que el Estado colombiano ha perdido poder.
Hemos sostenido en pasadas columnas que en Colombia existe más un Estado formal que uno real. Que el Estado, como lo sostiene Estrada Villa, cada vez pierde más la soberanía política. Que ha faltado un Estado eficiente y justo. Quizá desde la misma época de la Patria Boba, ese ha sido su sino.
Carecemos de un Estado plenamente eficaz. Que ponga en práctica una mejor redistribución del ingreso para que la inequidad social no sea tan aberrante, hecho que nos sitúa como el país de América Latina de mayor desigualdad.
Quien dude, que eche un vistazo al coeficiente de Gini, y podrá percatarse de nuestra desigualdad. El mismo presidente Santos, al recordar anteayer su primer año de elección, reconoció tan deplorable cetro.
La paz, como dice pomposamente la Carta inaugurada hace 20 años, es un derecho de los colombianos. Pero no ha podido cubrir con sus beneficios todo el territorio nacional. Antes, por el contrario, se ha venido nuevamente perdiendo y ya hay municipios de Colombia donde la bandera roja de peligro ondea en los montes que los rodean.
Sí que ha faltado Estado con voluntad y herramientas para combatir la corrupción.
Ésta ni siquiera se ha podido reducir "a las justas proporciones" a que aspiraba llegar un curialesco expresidente. La cultura mafiosa para conseguir dinero a cualquier costo rompió todas las barreras de la decencia y del decoro público.
Ha perdido poder, como lo sostiene Estrada Villa, un Estado en el cual la política se ha trivializado para impedir la conformación de unos partidos políticos que no sean montoneras trashumantes, sin ideologías y sin vergüenzas. Sin partidos fuertes, coherentes, no se forman instituciones sólidas que contribuyan a la organización de Estados con menos improvisaciones y debilidades.
Pero no solo nuestro Estado perdió el monopolio de las armas, como lo plantea el nuevo doctor en filosofía, sino que de encima, a quienes por Constitución las manejan, les dan palo otras instituciones del mismo Estado, escudándose, para librarse de los rigores de la historia, en que sus sentencias "son en estricto derecho". Quienes legal y moralmente tienen el monopolio de las armas son más severamente castigados que aquellos que las empuñan ilícitamente y con ellas han sembrado de tantas cruces los campos y ciudades colombianas.
¿Como no ha de faltar en Colombia un Estado previsivo y organizado, respetable y creíble, cuando el Contador General de la Nación calcula en cerca de 850 billones de pesos las demandas que le han hecho por descuido, inacción, lenidad y corrupción?
Una suma astronómica, desproporcionada, que es el doble del PIB y con la cual se podría reparar a todas las víctimas de todas las violencias partiendo desde la mismísima Guerra de los Mil días, ocurrida hace 111 años.
En Colombia, el Estado ha tenido ciclos repetidos de esclerosis. Aún no ha podido incorporar a su agenda de trabajo la plena Constitución, con un derecho actuante, que organice una sociedad civil con todas las garantías de libertad, de orden, de bienestar, de justicia. Es un Estado lleno de incisos, de parágrafos, de reformas y contrarreformas, perdido en la maraña y los laberintos del leguleyismo.
Sin poderle dar un segundo aire de oxígeno de transparencia a una nación asaltada por la corrupción, su peste irrefrenable.
Con las conclusiones de la tesis del amigo Armando Estrada, en la cual previene que el Estado está amenazado por toda clase de organizaciones legales e ilegales, podríamos agregar que nuestro Estado pareciera escribir, más que buenas historias, novelas de extravagante ficción.
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