El vocero de los pacientes de enfermedades de alto costo, Néstor Álvarez, le pidió al Gobierno que evalúe el costo en salud, social y en vidas que pudieron haber causado 12 entidades promotoras de la salud del régimen contributivo investigadas por la Superintendencia de Salud.
Acorde con las denuncias hechas por el superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle , estas EPS no solo ocultaron información para obtener del Estado más dinero por los medicamentos, sino que, al parecer, suministraron dosis a los pacientes que excedían las recomendadas por el medicamento, resultando tóxico.
Se trata de las EPS: Saludcoop, Coomeva, Cruz Blanca, Cafesalud, Famisanar, Nueva EPS, SOS, Sanitas, EPS Sura, Aliansalud, Compensar y Salud Total.
Todas ellas hacen parte de Acemi, con excepción de Saludcoop que hoy está bajo intervención de la Superintendencia de Salud.
Para el vocero de los pacientes de alto costo, la evaluación de estos daños sociales y en salud los deben hacer las superintendencias de Industria y Comercio, de Salud, lo mismo que la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, el presidente de Acemi, Jaime Aria s, manifestó que conoció la situación a través de las denuncias del superintendente de Industria y Comercio, y que desconoce cómo sucedieron los hechos. Añadió que este tipo de temas los deben solucionar las EPS de forma individual y no como agremiación.
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