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La
impunidad y la ineficiencia del sistema judicial se mantienen como principales infracciones a los derechos humanos en Colombia, según el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado este jueves.
Los desplazamientos forzados, provocados en su mayoría por los grupos armados, así como la
corrupción gubernamental y la discriminación de los indígenas son los otros problemas que destaca el documento, enviado este jueves al Congreso estadounidense.
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Persiste una alta tasa de impunidad", indica el informe, que resalta, no obstante, los "continuos esfuerzos" del Gobierno colombiano por perseguir y castigar a quienes cometieron abusos contra los derechos humanos.
El Departamento de Estado cita el aumento del presupuesto de la Oficina del Fiscal General y el que se dé prioridad a los casos en los que
están en juego los derechos humanos como algunos de esos "esfuerzos" gubernamentales.
Hasta octubre,
las autoridades colombianas detuvieron a 72 miembros de las fuerzas de seguridad por homicidios de civiles, que siguen siendo "un problema muy serio", según el informe.
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La impunidad y un sistema judicial ineficiente sujeto a la intimidación limitan la capacidad del Estado para perseguir efectivamente a los acusados de abusos de los derechos humanos y a juzgar a antiguos miembros de los grupos paramilitares", añade.
La disponibilidad de ingresos procedentes del tráfico de drogas "exacerban" la corrupción, según el Departamento de Estado,
También se dieron casos de asesinatos extrajudiciales, cuyo seguimiento judicial fue "lento", apunta el informe, acoso y amenazas de muerte a activistas y miembros de grupos defensores de los derechos humanos.
Parte de estas intimidaciones corresponden a grupos armados como las Farc y el Eln, responsables además de la mayoría de las desapariciones forzadas y de asesinatos políticos y de funcionarios y miembros las fuerzas de seguridad públicas.
Asimismo,
los grupos armados secuestraron, sobornaron a jueces, fiscales y testigos, reclutaron a niños y violaron y obligaron a abortar a mujeres.
La violencia contra las mujeres y las niñas es otra de las preocupaciones de Estados Unidos en Colombia, al igual que el tráfico de personas, el trabajo infantil y la discriminación contra los indígenas, a quienes, aseguran, se les restringe en ocasiones su capacidad para ejercer sus derechos.