El ambiente político en Venezuela entre el presidente Hugo Chávez y la oposición no puede estar más caldeado. Ayer, luego de semanas de críticas de lado y lado, una fiscal pidió a un tribunal del estado de Zulia que ordene la detención del alcalde de Maracaibo, líder opositor y ex candidato presidencial Manuel Rosales, al que acusa de hechos de corrupción.
Rosales es la cabeza más visible de la oposición y si el tribunal acepta la petición podría darse la detención del político por delitos de enriquecimiento ilícito, que dan entre tres y diez años de cárcel.
El político no demoró en contestar y aseguró que Venezuela está al borde de un alzamiento popular contra Chávez del que dijo era un "cobarde" y había ordenado el arresto.
"Es demasiado el abuso, pero se equivoca conmigo y con el pueblo que sabe dónde están los grandes ladrones. ¿Por qué no investiga a su padre, a su madre, a su familia, a sus ministros, contra quienes sí hay pruebas contundentes de corrupción", dijo Rosales, quien además agregó que se sentía "impotente ante los poderes" de Chávez.
La decisión contra Rosales es el clímax de una pelea que aumenta día a día desde que Chávez ganó el referendo para su reelección indefinida.
Chávez limita competencias
La pelea entre el mandatario y la oposición se metió incluso en el tema territorial y en repetidas ocasiones el presidente ha atacado a los gobernadores y alcaldes que no comparten sus políticas.
Su más reciente actitud fue eliminarles competencias en sus jurisdicciones sumado a la orden de militarización de los puertos. Las decisiones son vistas como un golpe a la descentralización.
Lo último que hizo Chávez fue promulgar decretos que facultan al Gobierno para administrar puertos, aeropuertos y carreteras. Las alarmas se encendieron y de inmediato comenzaron las protestas.
El Presidente insistió en que quien no acepte las nuevas disposiciones podrá ir a la cárcel y varios gobernadores le contestaron que están dispuestos a enfrentarlo así sean privados de su libertad.
El mandatario alega que pretende acabar con las mafias del narcotráfico que controlan los puertos, mientras los gobernadores advirtieron que lo que se pretende es estrangular financieramente a los adversarios quienes ya no podrán, por ejemplo, recolectar impuestos en los ejes de transporte o establecer peajes.
Defensa popular
Y mientras el gobierno sigue hundiendo el acelerador para alcanzar su proyecto socialista, un grupo de 70 legisladores opositores anunciaron que se reunirán el lunes para instalar la que bautizaron como Asamblea Nacional para la Defensa del Poder Popular, una organización que pretende convertirse en el muro de contención frente al afán del gobierno de concentrar el poder.
Estos líderes consideran que así como alcaldes y gobernadores opositores se enfrentan a la descentralización, ellos quieren hacerle contrapeso a la Asamblea Nacional, que le aprueba al gobierno todas las iniciativas que necesita para avanzar en su programa de centralización.
El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien presidió una protesta con otros gobernantes locales, dijo que los líderes de la oposición electos por voto popular están unidos para enfrentar esta amenaza y aseguró que se pretende esconder la gestión eficiente que adelantan alcaldes y gobernadores opositores.
El ex embajador de Venezuela en la ONU, Milos Alcalay, y el dirigente de Alianza Bravo Pueblo, Oscar Pérez, se adelantaron y ya denunciaron ante la OEA la intención del presidente Chávez de concentrar el poder y violar la Constitución con las nuevas medidas que ha implementado, lo que en su opinión puede traer una confrontación popular.
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