La Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Stella Coto Díaz del Castillo, ordenó a la Fiscalía General el pago de 1.475 millones de pesos por haber incumplido el deber de custodia y protección al excontralor del municipio de Sonsón (Antioquia), quien se encontraba en detención domiciliaria y fue objeto de desaparición forzada.
La decisión del Alto Tribunal se basa en una investigación en la que se pudo comprobar que el 12 de junio de 1994, fecha en la que el excontralor (no se revela su nombre por seguridad) fue sacado abruptamente de su lugar de detención por varios hombres armados que se identificaron como funcionarios de la Fiscalía General y fue conducido hacía un rumbo desconocido.
La sala aclaró que no se cuestiona a la Fiscalía porque concedió el beneficio de la detención domiciliaria, sino porque incumplió el deber de custodia y protección, lo que -según el alto Tribunal- facilitó la desaparición del detenido considerada como un delito de lesa humanidad.
En el fallo, explica que una medida domiciliaria “genera obligaciones de vigilancia y protección por parte de quien adoptó la decisión restrictiva”, por lo cual recordó que las autoridades públicas, en este caso la Fiscalía, tienen la obligación de velar por la integridad y seguridad de las personas sometidas a la privación de la libertad sea cual sea su centro de detención.
“Algunas de esas obligaciones consisten en verificar y conjurar amenazas contra la vida de las personas que tiene a disposición bajo arresto”, dijo la magistrada en la providencia, quien además advirtió que el hecho de que no se haya podido establecer la identidad de los plagiarios, “no exime a la administración de responsabilidad, pues tenía el deber de desplegar la actividad necesaria para proteger al detenido”.
