Los 3.207 funcionarios que hasta este lunes hacían parte de la nómina del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ya fueron trasladados a la Fiscalía.
El cambio se produjo atendiendo un decreto del ente acusador que se expidió el pasado 29 de diciembre y que ponía fin a ese organismo.
Claudia Molano, secretaria General de la Fiscalía, precisó que unos 1.500 empleados pasarán al llamado nivel central del organismo de investigación. "Ellos estarán en la planta de personal de Bogotá y Cundinamarca, mientras que el resto irá a otras regiones del país", sostuvo la funcionaria.
El salario se estableció de acuerdo acon una tabla de ajustes que maneja la Fiscalía. También se hizo el cambio de algunos elementos de oficina, ya que el edificio ocupado por el DAS será utilizado por el ente de control.
Adicionalmente, varias personas se incorporaron a sus nuevos cargos en la Unidad Administrativa Especial de Migración, la Unidad Nacional de Protección, la Defensa Civil y la Policía Judicial.
Adicionalmente, un grupo de más de 300 funcionarios pasarán a la Policía y quienes no fueron incorporados continuarán laborando en proceso de supresión del DAS.
Sobre los trámites
Mientras tanto, la oficina de comunicaciones del DAS anunció que varios trámites y servicios de la entidad quedarán en manos de otras dependencias del Estado.
Tal es el caso del Certificado Judicial, que a partir de febrero quedará en manos de la Policía. Sin embargo, el Gobierno anunció que realizará cambios en el trámite de este documento de la mano con la Ley Antitrámites, para facilitar su expedición.
El servicio se seguirá prestando con normalidad hasta el 30 de enero en todo el país.
Para tramitarlo los ciudadanos podrán seguir accediendo a www.certificadojuduicial.gov.co.
Con respecto a las funciones de control migratorio, éstas quedarán en manos de la nueva Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las funciones de Policía investigativa y judicial pasarán en su totalidad a la Fiscalía, mientras que la protección especial a personas amenazadas quedará en manos de la nueva Unidad Nacional de Protección que depende del Ministerio del Interior.
